La región centroamericana enfrenta un panorama crítico tras un año marcado por condenas judiciales, conflictos políticos y cuestionamientos a la democracia. 

Ciudad de Guatemala, Guatemala. En 2024, los países del Triángulo Norte de Centroamérica —Honduras, Guatemala y El Salvador— cerraron un año complicado, marcado por la influencia del narcotráfico, el aumento de la corrupción y la consolidación de tendencias autoritarias en la región. Estos fenómenos han profundizado los retos políticos, sociales y económicos en la zona.

En Honduras, la condena por narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos destacó el impacto de las redes criminales en los más altos niveles del poder político. Hernández fue sentenciado a cadena perpetua en marzo, una decisión que reafirma el vínculo entre el narcotráfico y las instituciones gubernamentales en el país. La situación ha generado desconfianza en la ciudadanía y una creciente demanda de reformas estructurales para combatir la corrupción.

En Guatemala, las tensiones políticas continuaron después de la elección presidencial de agosto, que llevó al poder a Bernardo Arévalo, un político progresista. Sin embargo, la resistencia de grupos conservadores, incluidos intentos por anular su victoria, ha generado incertidumbre sobre la estabilidad democrática del país. La lucha contra la corrupción y la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de Estado siguen siendo prioridades para muchos sectores de la sociedad.

Por su parte, El Salvador enfrentó un debate internacional tras la reelección de Nayib Bukele, un evento que generó críticas por parte de grupos de derechos humanos que calificaron su mandato como autoritario. Aunque Bukele cuenta con altos índices de popularidad debido a su política de mano dura contra las pandillas, su modelo ha sido señalado como una amenaza a las libertades civiles y al equilibrio democrático en la región.

Expertos advierten que los problemas estructurales del Triángulo Norte se ven agravados por las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente tras la victoria del presidente electo Donald Trump. Su postura más restrictiva podría generar un aumento en las deportaciones y una mayor presión económica y social en los países centroamericanos.

Con un 2025 incierto, analistas regionales destacan la importancia de fortalecer la cooperación internacional y las instituciones locales para enfrentar los desafíos de la región. Sin embargo, el panorama actual refleja que las soluciones no serán rápidas ni sencillas.

Esta nota fue desarrollada de un artículo de Infobae