La Sala de lo Constitucional paraliza temporalmente la incautación definitiva de 22 bienes al exdiputado y su esposa, mientras se estudia el fondo del recurso interpuesto por su abogado.

Redacción. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió un recurso de amparo presentado por la defensa legal del exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández y su esposa, Miriam Vanessa Cruz, lo que ha frenado momentáneamente el comicio definitivo de 22 bienes que anteriormente habían sido objeto de privación por parte del Estado.

Con esta medida, queda en suspenso la ejecución de la sentencia emitida el 2 de septiembre del año anterior por una Corte de Apelaciones, la cual ratificaba la privación definitiva de diversos activos, entre ellos cuentas bancarias, varios vehículos, una vivienda valorada y más de ocho millones de lempiras.

Según el fallo de entonces, no se logró justificar el origen lícito de dichos bienes.

El monto total que las autoridades consideraron no justificado por parte del señor Hernández asciende a más de 12 millones de lempiras.

En el caso de su esposa, se determinó que los activos injustificados rondaban los 5.7 millones de lempiras. Sin embargo, la sentencia no incluyó la privación de la totalidad de estos montos.

La defensa legal del exdiputado ha argumentado que la resolución de la Corte de Apelaciones carece de una base jurídica sólida, ya que, según sostienen, se fundamenta en la condena que Hernández recibió en los Estados Unidos, donde enfrenta una cadena perpetua por delitos relacionados con el narcotráfico.

Mientras la Sala no se pronuncie sobre el fondo del recurso, las actuaciones que permitirían ejecutar la privación definitiva de estos bienes permanecerán en pausa. De momento, los bienes siguen asegurados, pero no podrán ser transferidos ni liquidados por el Estado.