Toma de decisiones en el CNE: ‘Un puente roto por donde nada puede pasar’

Captura ana


Una ley que impide decisiones colegiadas, un mal trabajo realizado en campo y la pandemia que termina por atar al diezmado órgano electoral, tienen a punto dejar fuera de las urnas a medio millón de hondureños, según lo expone la concejala presidente, Ana Paola Hall.

Sobre el Censo Nacional Electoral, la concejala Hall lo describe como un tema complicado, que ha producido mucha intranquilidad en la ciudadanía, pero también en ese órgano electoral, en donde resulta ser un tema muy complicado.

“La situación es la siguiente, nosotros debimos recibir la base registral el 30 de noviembre, sin embargo la recibimos hasta el 2 de diciembre por parte del Registro Nacional de las Personas, que con esa base, procediéramos nosotros a hacer el censo y exhibirlo”.

“En el análisis técnico detectamos que 1.6 millones de ciudadanos en el domicilio del enrolamiento reportaban un domicilio diferente al de la última elección”, esa elevada cifra encendió las alarmas en el CNE, dijo Hall.

“Un millón de ciudadanos reportaban un domicilio diferente dentro del mismo municipio y 600 mil personas habían cambiado de departamento, según el domicilio de centro de votación que nos mandó el Registro Nacional de las Personas y que es producto del enrolamiento y del Proyecto Identifícate”.

Por eso devolvieron la base registral al RNP el 30 de diciembre y que corrigiera esos errores. Al parecer y ante esta situación el RNP proponía volver a la base registral de las elecciones de 2017, a lo que el CNE se opuso manifestó la concejala presidente.

Entonces el RNP decidió hacer una verificación por llamadas telefónicas a los ciudadanos, proceso al que el CNE solicitó ser testigos del mismo; petición que no fue escuchada sino hasta al final cuando se les invitaba un par de horas que vieran cómo estaba funcionando el sistema, expuso.

Por lo tanto el CNE no tiene certeza de tal verificación, continúa Hall. “El Registro dice haber hecho un millón de llamadas, de las cuales según sus datos el 85% está bien, el 11% se corrigió y el 4% está mal. Pero yo no puedo responder por el resultado de un proceso en el que nosotros como Consejo no estuvimos involucrados”.

Agregó que de ese modo, la información de 600 mil ciudadanos quedó sin confirmación y “quieren extrapolar y decir que el 4% de errores que encontraron en el millón de ciudadanos también se aplican en los 600 mil, esta operación no es válida”, dijo con seguridad.

Para ella, este es un problema que se originó en campo y se debe solucionar en campo y el Registro lo sabe, reafirmó. Además, hubo un comisionado que habría aceptado ese enorme error y que podría provocar un grave problema el día de las elecciones.

“El 24 de febrero nos remitieron un oficio donde nos dicen: ‘Les sugerimos la siguiente solución. Respecto al 1.6 del millón de ciudadanos, hagan un listado adicional con el domicilio que estas personas reportaban en el 2017”, con la intención que el ciudadano pueda ir al centro de votación que ya conoce, o si prefiere que acuda al que aparece censo nuevo.

Hay otro grupo de 54,000 ciudadanos que aparecen con inconsistencias en la información y que el RNP no pudo corregir, pero que ahora sí están corregidos, también plantearon un listado adicional para ese grupo.

“Y con respecto a los 100 mil ciudadanos que se enrolaron entre enero y febrero, que se pudiera hacer también un listado adicional porque están enrolados. Estas fueron las tres alternativas que nos propuso el Registro, respecto a los tres grupos de casos que existen con problemas en la base registral y en el censo, expuso.

Resulta que eso sí se puede hacer, pero la Ley Electoral para las elecciones primarias dice que debe haber un voto unánime ¡VAYA PROBLEMITA! Porque como en casi todas las decisiones en el CNE, la votación generalmente queda 2 a 1, y la de estos listados resultó ‘un hueso duro de roer’.

“Nosotros tuvimos pláticas entre los consejeros, reuniones, hicimos nuestras consultas, no hemos parado de buscar un consenso unánime entre los tres, fueron días de mucha discusión, de mucha consulta”.

“Porque la ley nos pone un candado, dice que se puede reglamentar el tema del censo en los listados registrales, las listas que se mandan en la maleta, los cuadernillos se pueden reglamentar por el CNE o por el RNP, según corresponda, pero dice que debe ser por una votación unánime de los consejeros propietarios”; allí es en donde ‘la mula botó a Genaro’.

“Esto nos tuvo en un problema fuerte muchos días porque no había unanimidad en el pleno, porque sabíamos que habían dos votos a favor de implementar la solución del RNP y que había un voto en contra”. ¿De quién creen que era el voto en contra?

Se mostró en contra de la exigencia de unanimidad para una decisión, porque va en contra de la naturaleza de los órganos colegiados, dado que estos, según la ley, pueden decidir por mayoría, argumentó.

Ante ese ‘puente roto donde nada puede pasar’ las dos concejalas acordaron hacer una resolución por mayoría de votos para poderle dar salida a estos ciudadanos. Por ahí iban cuando lo menos imaginable pasó en el CNE, el Covid.

“Entonces es un problema muy grande en este momento en el Consejo Nacional Electoral. A pocos días de las elecciones primarias no tenemos un pleno integrado, por eso es que hoy (ayer) he mandado un respetuoso oficio al Congreso Nacional, solicitando el apoyo urgente para que pueda establecer un decreto de emergencia y así el CNE pueda integrar un pleno con otro mecanismo”.

“No puede ser que el órgano colegiado a escasos días de las elecciones primarias no tenga un pleno integrado”. Sin embargo, en el ‘ala nacionalista’ del Congreso Nacional, de ante mano, la idea no fue bien recibida, bajo el argumento de la posibilidad de multiplicidad de voto por un mismo ciudadano.

Por lo que la concejala Hall apuntó, que se trataba de un problema que se originó en el trabajo de campo del Proyecto Identifícate, por otra parte no consideró correcto que se establezca que corra por cuenta de los movimientos de los partidos la solución a un problema que se origina en el mal trabajo del RNP.

“Eso significa que dependería de la capacidad de cada movimiento, de los recursos de los partidos para poder mover a su gente al centro de votación que le fue asignado y no el que le debería corresponder”.

“En mi criterio y como abogada además, lo que prima aquí es el ciudadano. No podemos hacer depender el voto del ciudadano de la capacidad de un movimiento político para mover a su gente al centro de votación que le puso el Registro en el enrolamiento”, defendió la abogada Hall.

Para ella se trata de un tema de derecho constitucional y que no se trata de la capacidad de cada movimiento y afirmó que ese también es el criterio de la concejala Rixi Moncada.

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