Titular de CONADEH advierte que denunciará cualquier acto de injerencia sobre la Junta Nominadora

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La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Blanca Izaguirre, advirtió que denunciará cualquier tipo de injerencia sobre la nueva Junta Nominadora.

“Rechazamos cualquier tipo de injerencia política partidaria o algún favoritismo o afinidad”, manifestó izaguirre.

Dijo que para el CONADEH es muy importante que se tome en cuenta el control de convencionalidad y que la Ley de la Junta Nominadora se apegue a los estándares y recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Lo anterior, explicó que es para la independencia de jueces y magistrados, en el sentido que los Estados están en la obligación de adoptar todos los mecanismos y medidas que sean necesarias para que el proceso de elección sea transparente.

"Nos preocupa el hecho que cualquier tipo de injerencias pueda comprometer la transparencia del proceso, pero el pueblo hondureño debe tener la plena seguridad que las mismas van a ser denunciadas y evidenciadas", declaró.

Izaguirre, exhorta al Congreso Nacional a que adopte cuantas las medidas necesarias para asegurar que el proceso de escogencia de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea objeto del debido y adecuado control de convencionalidad, para asegurar que los criterios internacionales se reflejen clara y adecuadamente en la normativa legal que se legisla para estos efectos.

La Comisionada expresa su respaldo a las iniciativas destinadas a propiciar una CSJ con magistrados "idóneos e independientes, pero exige como requisito el irrestricto apego al principio de legalidad y conformidad con los estándares internacionales en la materia para ofrecerle al pueblo hondureño el Poder Judicial independiente que tanto merece".

Finalmente, la defensora de derechos humanos hace un llamado a la Sociedad Civil, a la empresa privada, a la academia, a los obreros y demás sectores de la sociedad hondureña, a auditar el proceso de creación de esta normativa y vigilar por el cumplimiento de la Constitución de la Republica y los tratados internacionales de derechos humanos.

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