Tegucigalpa. El abogado Jorge Colindres, apoderado legal de tres empresas de La Zede próspera en Honduras, ofreció detalles sobre la reciente resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que rechazó la alegación del Estado de Honduras sobre la falta de jurisdicción o competencia para conocer el arbitraje presentado por los inversionistas de La Zede próspera.

Colindres inició sus declaraciones aclarando que los responsables de la demanda no es la Zede Próspera como entidad, sino tres grandes empresas inversionistas que operan en el país, las cuales han traído más de 150 millones de dólares. «La Zede como tal no está tomando parte en el proceso, sino que son tres empresas que operan en la Zede, y son las más grandes. Estas empresas son las que están demandando al Estado», y explicó que él las está representando.

El apoderado legal también destacó que, en los últimos años, más de 260 empresas han operado en La Zede próspera, pero las demandas están siendo impulsadas por estas tres empresas que consideran su acción como una defensa ante las políticas que el Estado ha adoptado.

En cuanto al proceso arbitral, Colindres indicó que el Estado de Honduras ha adoptado una política de solo presentar acciones dilatorias, lo que, según él, es la razón por la cual el gobierno ha fracasado en tres ocasiones.

 «Este es el tercer fracaso, el Estado hondureño originalmente impugnó el nombramiento de uno de los árbitros del tribunal arbitral, pero perdió esa impugnación. Luego, intentó una acción dentro del proceso para evitar que todos los materiales, documentos y grabaciones de las audiencias fueran públicos. También perdió en esa ocasión», detalló Colindres.

El abogado subrayó que el gobierno de Honduras ha insistido en un argumento que no tiene fundamento legal, el cual establece que los inversionistas deben agotar los recursos internos del país antes de acudir al CIADI. «Este argumento es inventado y no tiene ninguna posibilidad de éxito», recalcó Colindres.

Además, Colindres fue enfático al señalar que, a pesar de los fracasos previos, el gobierno de Honduras sigue utilizando este argumento en un intento por retrasar el proceso. «Era natural esperar que el tribunal fallara como lo hizo, y determinara que la demanda presentada por los inversionistas proceda», expresó el abogado.

El apoderado legal también criticó abiertamente al gobierno de Honduras por su manejo irresponsable de la situación, acusando a funcionarios del gobierno de mentirle al pueblo hondureño. «El gobierno le dijo al pueblo que no había de qué preocuparse, que esas demandas no prosperarían porque había que agotar las vías internas. Esto lo dijo el comisionado presidencial Fernando García y la precandidata presidencial Rixi Moncada. Ellos incluso organizaron una conferencia de prensa para mentirle a la población, asegurando que las demandas no procederían. Todo esto es una mentira», señaló Colindres.

Finalmente, el abogado concluyó que los inversionistas están pidiendo al tribunal que se sancione al gobierno hondureño por actuar de mala fe, insistiendo en tácticas dilatorias que solo han aumentado los costos para los inversionistas.