Tegucigalpa. La decisión del gobierno de Xiomara Castro de suspender la denuncia del tratado de extradición ha generado una ola de cuestionamientos y contradicciones que ponen en duda las verdaderas razones detrás de la medida. Mientras la versión oficial sostiene que se trata de una estrategia para garantizar salvaguardas y proteger la soberanía del país, analistas y sectores políticos advierten que la decisión estuvo motivada por presiones internacionales y posibles intereses políticos internos.

Uno de los puntos más polémicos es la falta de claridad sobre lo negociado con Estados Unidos. De acuerdo a lo anunciado por el gobierno, las discusiones incluyeron la revisión de cláusulas del Tratado de Libre Comercio (TLC), aspectos migratorios, inversión en el canal interoceánico y, en particular, la implementación de “salvaguardas” en materia de extradición. Sin embargo, no se han especificado cuáles son estas salvaguardas ni cómo se aplicarán, lo que genera incertidumbre sobre si el gobierno busca proteger a ciertos líderes políticos o personas cercanas a la administración actual.

¿Qué fue lo que realmente pasó con la extradición?

El abogado y analista Fernando González, en el programa En la Mira, calificó la suspensión como un «reculón político», argumentando que el gobierno de Castro dio un giro inesperado luego de sostener una postura más radical.

Según González, esta “logro” busca atribuirse a Rixi Moncada, quien viajó a Washington antes de las elecciones en EE.UU., cuando se apostaba por una continuidad de la administración de Kamala Harris en el poder.

Otro elemento que ha generado controversia es la existencia de una carta enviada por Washington el 20 de diciembre de 2024, en la que supuestamente se solicitaba un acuerdo sobre la extradición.

Sin embargo, el gobierno hondureño tardó más de 60 días en responder, lo que sugiere que la decisión de suspender la denuncia del tratado podría haber estado condicionada por factores adicionales, planteó el entrevistado.

Gonzales remarcó que la falta de transparencia quedó en evidencia cuando el canciller Eduardo Enrique Reina, un día antes del anuncio, negó que existieran negociaciones sobre la extradición. Ahora, con la revelación de la carta de diciembre, surgen dudas sobre si el gobierno mintió deliberadamente o si la presión internacional forzó el cambio de postura.

¿Qué significa la “salvaguarda” en el tratado de extradición?

Uno de los términos más debatidos en esta controversia es la inclusión de «salvaguardas» en el tratado. El analista advirtió que este término podría usarse como un mecanismo para excluir a ciertas figuras políticas o empresarios cercanos al poder de futuras extradiciones.

«Las salvaguardas pueden significar: ‘pueden extraditar a cualquiera, menos a nuestros líderes, parientes o diputados’”, señaló. Si este es el caso, la medida podría interpretarse como un intento de proteger a miembros de la familia Zelaya o figuras vinculadas al oficialismo de enfrentar procesos judiciales en EE.UU.

Otro problema es la falta de claridad sobre quién tiene la autoridad para aprobar estas salvaguardas. El experto sugiere que cualquier modificación en el tratado debe pasar por el Congreso Nacional, o se debe manejar como una decisión bilateral entre los gobiernos de Honduras y EE.UU.

El costo político del “reculón” de Libre

La decisión del gobierno de Castro ha sido interpretada como una mala jugada política que ha fortalecido a la oposición. Sectores opositores han señalado que si Libre continúa en el poder, podría eliminar por completo el tratado de extradición si gana las elecciones, lo que generaría mayores sospechas sobre sus verdaderas intenciones, expreso.

El togado señaló que la administración de Castro no estaba preparada para la avalancha de críticas que generó su decisión. De hecho, la publicación del mensaje en la cuenta de X de la presidenta desató una serie de cuestionamientos sobre la improvisación con la que se manejó el tema.

¿Qué sigue ahora?

A pesar del anuncio de Castro, el tratado de extradición sigue vigente y no ha habido un documento oficial por parte del gobierno hondureño que confirme las condiciones en las que se aplicarán las salvaguardas.

Además, la falta de transparencia ha dado lugar a múltiples especulaciones: ¿La carta de diciembre fue utilizada como escudo para justificar la decisión? ¿Se negoció en secreto sobre aranceles, migración y remesas? ¿Se emitieron órdenes de extradición contra políticos cercanos al oficialismo?

Lo que sí parece claro es que Estados Unidos sigue manteniendo su postura firme en materia de extradición, y cualquier intento de modificar el tratado sin un acuerdo con Washington podría generar represalias diplomáticas y económicas para Honduras.

Por ahora, las dudas persisten, y la incertidumbre sobre el futuro del tratado de extradición sigue latente. Mientras tanto, la oposición y la comunidad internacional seguirán atentos a los próximos movimientos del gobierno de Castro y a la posibilidad de que se revele el contenido de la misteriosa carta enviada desde Washington.