Supuestos pagos a «troles» de redes sociales genera polémica al Gobierno de Costa Rica

Supuestos pagos a "troles" de redes sociales genera polémica al Gobierno de Costa Rica

San José, 4 ene (EFE).- Una supuesta red de «troles» de redes sociales pagada por funcionarios públicos para elevar la imagen del Gobierno y atacar a la oposición y a medios de comunicación, está generando una polémica en Costa Rica, donde el Ejecutivo negó este miércoles cualquier vínculo.

Alberto Vargas, quien opera en redes sociales el personaje ficticio Piero Clandrelli, ha dicho en su página y a medios locales que existe una red de «troles» que recibe órdenes del Gobierno e incluso ha señalado a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, como responsable de ordenar ataques en redes sociales contra periodistas del medio digital CRHoy.

Vargas, quien afirma contar con pruebas, ha publicado algunas capturas de pantalla de conversaciones y transferencias bancarias que provendrían de funcionarios públicos.

Una comisión legislativa que investiga el financiamiento de los partidos políticos en la pasada campaña electoral, aprobó recientemente llamar a declarar a Vargas en una fecha por definir para que se refiera al asunto.

Tras varios días de polémica y de numerosas publicaciones de prensa y del personaje Calandrelli, el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves emitió este miércoles un breve comunicado en el que rechaza cualquier pago a troles desde el Ejecutivo.

«El Gobierno de la República rechaza, categóricamente, las aseveraciones sin fundamento ni pruebas hechas por el señor Alberto Vargas y emitidas a través del personaje ficticio Piero Calandrelli. Las presuntas actuaciones unilaterales y personales de algunos funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo y otras dependencias, no reflejan el proceder del Gobierno», indica el comunicado.

El comunicado agrega que: «desde el inicio, la Administración Chaves Robles se ha enfocado en establecer una comunicación clara y transparente con la ciudadanía, a través de conferencias de prensa semanales, cadenas de televisión y otros medios, para darles a conocer nuestra firme intención de mejorar el presente y futuro de los costarricenses, como es notorio para la opinión pública».

El pasado lunes, el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) emitió un pronunciamiento en el que pedía explicaciones al Gobierno y en el que advierte que la desinformación es una «epidemia» que tiene como objetivo «generar caos», y que «tan sancionable es quien la promueve para su beneficio político como quien la ejecuta tras una identidad inventada».

«Demandamos una posición firme y clara del Poder Ejecutivo sobre las acusaciones de una persona que reconoció actuar desde el espacio de la desinformación con instrucciones y pagos de personas del Gobierno -jerarcas incluidos- para atacar a periodistas y manipular el correcto ejercicio del periodismo en la prensa», señala el documento del Colper.

El Colper señaló que «las dudas son nefastas para el sistema político y democrático» y que en esta situación «debe prevalecer el buen juicio desde Casa Presidencial en el análisis del tema».

«Si se comprueba que personas del Gobierno, jerarcas o no, son parte de una red de desinformación que actúa desde la virtualidad para vulnerar la libertad de prensa se deben tomar decisiones firmes e inmediatas», expresó el Colper.

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