Tegucigalpa.  En los primeros días de 2025  los alarmantes índices de violencia contra la mujer en el país han captado gran atención. Uno de los casos más impactantes involucra a una joven de 15 años, quien recibió un  disparo en el rostro por su expareja, el ataque dejó a la víctima gravemente herida lo que ha provocado una fuerte condena en la sociedad.

Ante este panorama diversos sectores se han reunido en la Corte Suprema de Justicia para discutir reformas a la ley de violencia doméstica.

Delia Flores miembro de la Asociación de Visitación Padilla, manifestó a través de HRN que la actual ley contra la violencia doméstica es más sancionadora que punitiva. «La ley contra la violencia domestica es una ley sancionadora, no una ley penalizada» explicó, destacando la necesidad de reformas.

Flores detalló que una subcomisión dentro del Poder Judicial, junto con varias organizaciones de mujeres, está trabajando en una revisión exhaustiva de la ley para identificar y abordar las debilidades en su forma actual. Aseguró que esta revisión incluye un análisis minucioso del lenguaje utilizado en la ley, ya que algunas palabras y frases dificultan su implementación efectiva.

Flores explicó que el objetivo es hacer que la ley contra la violencia doméstica sea más punitiva y abordar el hecho de que los marcos legales actuales, como el delito de «maltrato familiar» en el Código Penal, son considerados faltas menores, lo que limita las consecuencias legales para los agresores.

Flores también  explicó que aunque aún no se ha debatido en detalle el tema de las penas punitivas, sí se está analizando la posibilidad de aumentar la pena para el delito de maltrato familiar. Este delito podría pasar de ser una falta a considerarse un delito grave, con penas que podrían superar los cinco años de prisión.

En cuanto a la crítica situación y las constantes muertes de mujeres en lo que va del año, Flores lamentó profundamente que la vida de las mujeres siga siendo tratada con tan poca importancia. «La vida del ser humano no significa nada, principalmente la vida de las mujeres», expresó, añadiendo que es urgente revisar el Código Penal para elevar las penas en casos de feminicidio.

Además, un dirigente de Derechos Humanos se pronunció sobre la necesidad de que los jueces sean imparciales y objetivos en los casos de violencia doméstica. Recordó que, en algunos casos, los jueces de los juzgados de familia se parcializan con las mujeres, lo que puede llevar a decisiones injustas.

El dirigente subrayó que aunque están en contra del maltrato hacia las mujeres y los menores, también es necesario garantizar que las decisiones judiciales se basen en un juicio imparcial y justo.

El dirigente también destacó la importancia de adoptar medidas restrictivas para aquellos que cometen violencia, con el fin de garantizar que no puedan seguir cometiendo actos violentos. «Las medidas restrictivas serán más disuasivas que imponer penas de 20 a 25 años de prisión», aseguró. Añadió que debe existir un equilibrio en las sanciones, conforme al principio de igualdad ante la ley, tal como lo establece el artículo 59 de la Constitución, que señala que todos somos iguales ante la ley.

Esta reunión que se está llevando a cabo en la Corte Suprema de Justicia, con la participación de esta subcomisión interinstitucional, está revisando a fondo la ley contra la violencia doméstica. Se espera que, como resultado, se presente un proyecto de ley al Congreso Nacional que permita establecer penas más severas, con castigos penales para los agresores, que podrían ir de 20 a 25 años de cárcel, específicamente para los casos de violencia contra la mujer.