TEGUCIGALPA. La organizaciones Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), emitieron un comunicado en el que condenan la conducta del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas FF.AA., el general de división Roosevelt Hernández Aguilar, por presuntas acciones intimidatorias contra autoridades electorales y exigen garantías para su seguridad.

Según las organizaciones, el viernes 21 de marzo de 2025, Hernández ingresó de manera intimidante al Consejo Nacional Electoral (CNE), acompañado de policías militares armados, en un acto que califican como un intento de imponer su autoridad sobre el órgano civil.

Además, habría exigido a la consejera presidenta del CNE, Cossette López, que eliminara una publicación en su cuenta de X, donde denunciaba injerencia militar en las elecciones primarias del 9 de marzo.

PREOCUPACIÓN POR SEGURIDAD DE LAS CONSEJERAS

Las organizaciones alertaron que, tras el incidente, se habría realizado una reunión nocturna del alto mando militar el sábado 22 de marzo para, presuntamente, deslegitimar el trabajo de las consejeras López y Ana Paola Hall. Además, denunciaron que se retiró la seguridad personal de López sin explicación, lo que incrementa su vulnerabilidad en un contexto ya tenso por las denuncias de irregularidades en el proceso electoral.

«Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de las autoridades electorales», señalaron, exigiendo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), intervenir de inmediato.

El comunicado también menciona una reunión de la presidente Xiomara Castro con su gabinete en Olancho, en medio de un clima de alta tensión política, lo que genera especulaciones sobre posibles medidas que afecten la independencia del CNE.

Las organizaciones recordaron que, históricamente, las Fuerzas Armadas deben sujetarse al marco constitucional y respetar la autoridad civil, por lo que calificaron de «grave retroceso» estos hechos, que evocan prácticas de la Doctrina de Seguridad Nacional de los años 80.

LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Joprodeh y Asopodehu urgieron a organismos internacionales a monitorear la situación y presionar para que se respete la institucionalidad democrática en Honduras.