SAN PEDRO SULA. Los retrasos en la aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre las tierras ancestrales de Punta Piedra, en Iriona, Colón; y Triunfo de la Cruz y San Juan, en Tela, Atlántida, mantienen nerviosa a la comunidad garífuna hondureña, quienes temen que la implementación de la sentencia esté siendo obstaculizada por “intereses políticos”.

En este contexto, el presidente de la Asociación de Afrodescendientes en el Valle de Sula (Asafrova), Humberto Castillo, exhortó al Estado a dar celeridad a la aplicación del fallo, sin cálculos políticos ni intereses partidistas.

Aunque detalló que en Punta Piedra ya se ha iniciado el proceso, las comunidades de San Miguel y Triunfo de La Cruz siguen esperando, lo que está “generando nerviosismo” entre los pobladores de estas comunidades.

“El retraso podría estar relacionado con intereses políticos que buscan capitalizar estas acciones de cara a las próximas elecciones”, señaló Castillo.

¿De qué trata la sentencia?

El Estado de Honduras fue declarado responsable de violar los derechos de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz por la Corte IDH el 8 de octubre de 2015. Posteriormente, el dictamen se extendió a la comunidad de San Juan.

Dentro de las medidas solicitadas al Estado en 2015, se incluyó asegurar el saneamiento, uso y disfrute de las tierras entregadas en estas zonas.

Otro aspecto clave determinado por la Corte fue el resarcimiento a través de la creación de fondos comunitarios y garantías de no repetición. También se ordenó el ordenamiento adecuado del sistema de Registro de la Propiedad y la implementación de mecanismos que aseguren el derecho a consulta previa de los pobladores antes de iniciar trabajos de minería. Además, se ordenó la publicación y transmisión de las medidas de satisfacción ordenadas, y asegurar que las actividades económicas en estas tierras respeten el derecho a consulta previa.

Incertidumbre

El retraso en la aplicación de la sentencia ha provocado que residentes irrumpan en propiedades en el Triunfo de la Cruz. Ante esta situación, Castillo sugirió a los líderes locales evitar confrontaciones y apegarse a los procedimientos legales.

Para concluir, el líder garífuna hizo un llamado al canciller hondureño, Enrique Reina, para que se dé cumplimiento al dictamen de la Corte IDH, subrayando que no pueden esperar a que el tema se aborde como un punto de campaña política, lo que evidenciaría que se estaría utilizando con fines políticos.