Redacción. A medida que se acercan las elecciones en Honduras y la administración de Xiomara Castro entra en su fase final, crece el clima de hostilidad contra la prensa crítica. Así lo denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que condenó una serie de acciones intimidatorias lideradas por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, y respaldadas por altos funcionarios del gobierno.
Lo anterior fue dedo a conocer a través de una publicación hace unas semanas en la página de la SIP, donde advirtió que Hernández ha iniciado acciones judiciales para obligar a más de una docena de medios a revelar sus fuentes, un acto considerado como “campaña de hostigamiento” contra la libertad de prensa. Entre los medios afectados se encuentran El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, RCV, HCH, Criterio HN, CHTV, Hondudiario, Noticias 24/7, entre otros.
La organización regional destacó que “la judicialización creciente y el acoso constante forman parte de una política de intimidación deliberada que pretende silenciar voces disidentes”. Según datos del Observatorio para la Democracia, al menos 15 altos funcionarios del actual gobierno han estado involucrados en actos de violencia, intimidación y descalificación hacia periodistas y medios.
La situación ha alcanzado niveles alarmantes: en los últimos 18 meses se registraron 199 agresiones contra 64 medios de comunicación, según cifras de C-Libre. La escalada de violencia incluye insultos, amenazas, detenciones arbitrarias y hasta agresiones físicas selectivas.
Uno de los casos más simbólicos fue el cierre del programa “Interpretando la Noticia” en Radio Globo, anunciado el 24 de septiembre de 2024. El espacio, dirigido por la periodista Lidieth Díaz, se había destacado por sus críticas al oficialismo y su papel clave durante la crisis del golpe de Estado de 2009.
La persecución también ha llegado por vía judicial. La presidenta de la Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencia 911, Miroslava Cerpas, presentó una querella por injurias contra periodistas de El Heraldo luego de que el medio publicara reportajes sobre irregularidades en contratos para instalación de cámaras de seguridad. La SIP instó a que dicha demanda sea retirada inmediatamente.
Otro caso que generó indignación fue la querella penal contra Dagoberto Rodríguez Coello, director de Radio Cadena Voces, por parte de la Secretaría de Finanzas. Rodríguez denunció un sobregiro de 6,500 millones de lempiras en la Tesorería General de la República, supuestamente usados para financiar elecciones primarias. A pesar de que dos querellas fueron declaradas inadmisibles por los tribunales, el mensaje de amedrentamiento quedó claro.
A nivel internacional, diplomáticos de la Unión Europea se reunieron con representantes de medios nacionales para reiterar su respaldo al ejercicio libre del periodismo y condenar cualquier intento de coartar la libertad de expresión.
En medio de esta atmósfera de represión, también se denunció el uso excesivo de la fuerza en la detención del periodista Esdras Amado López, quien fue capturado en su casa por más de 20 policías en respuesta a una denuncia de violencia doméstica. El Colegio de Periodistas cuestionó la desproporcionalidad del operativo.
Organizaciones civiles e iglesias han pedido reiteradamente al gobierno que fortalezca los mecanismos de protección para periodistas, operadores de justicia y defensores ambientales, sin embargo, los resultados siguen siendo nulos. Casos como el asesinato del ambientalista Juan López, en septiembre de 2024, siguen impunes.
La SIP y otras entidades advierten que, de continuar esta política de persecución, Honduras podría consolidarse como un país hostil a la libertad de prensa, justo cuando más se necesita transparencia y rendición de cuentas.
Le compartimos el documento completo publicado en la página de la SIP:
Honduras
17 de abril de 2025 – 12:25
A medida que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento llega a su final y que se aproximan las elecciones internas y generales, el ambiente tenso y hostil en contra de la prensa es cada vez más recurrente.
Existe una escalada de intolerancia oficial a la crítica que se manifiesta a través de amenazas, intimidación, estigmatización, agresión física selectiva, insultos, descalificaciones y detenciones arbitrarias. El Observatorio para la Democracia señaló que 15 altos funcionarios del actual gobierno encabezan esa política de violencia. Se registraron más de 199 agresiones en contra de 64 medios de comunicación en los últimos 18 meses, según la organización C-Libre.
La política actual es intimidar a los medios para evitar que se divulguen decisiones gubernamentales y casos de corrupción. Varias organizaciones de la sociedad civil e iglesias pidieron al gobierno que mejore los mecanismos de protección para defensa de periodistas, operadores de justicia y defensores del medio ambiente, pero esto no ocurrió. Varios casos continúan impunes, como el de Juan López, asesinado el 15 de septiembre de 2024. López se opuso al megaproyecto para extraer óxido de hierro a cielo abierto, lo que, según sus denuncias y la de decenas de defensores del ambiente en el país, mataría al río Guapinol.
El 24 de septiembre de 2024 se anunció por parte del propietario del espacio, David Romero Edler, el cierre del programa “Interpretando la Noticia” en Radio Globo, uno de los programas más emblemáticos en tiempos del golpe de Estado en contra de Mel Zelaya y su Gobierno. Sus conductores eran, entre otros, la periodista Lidieth Diaz, quien criticó duramente la gestión del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al sistema Nacional de Emergencia 911 a desistir de una querella por injurias contra periodistas del diario El Heraldo. La demanda fue iniciada en aparente represalia por la publicación de una serie de reportajes relacionados con investigaciones de El Heraldo Plus sobre contratos para un proyecto de instalación de cinco mil cámaras de seguridad.
La demanda, anunciada por la presidenta de la Comisión Interventora del SNE-911, Miroslava Cerpas, también incluye a quienes aprobaron su publicación.
La SIP condenó asimismo una “campaña de hostigamiento” por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en contra de periodistas y medios de comunicación. El alto mando militar hondureño impulsó acciones judiciales para forzar a más de una docena de medios a revelar sus fuentes.
El acto de hostigamiento de los jefes militares se ha dirigido en concreto en contra de El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, Corporación Televicentro, Abriendo Brecha, Radio América, Radio Cadena Voces (RCV), Hable Como Habla (HCH), Proceso Digital, CHTV, Q’Hubo Tv, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.
El Colegio de Periodistas de Honduras denunció la “creciente judicialización, intimidación y escalada de ataques” desde el gobierno y sectores oficialistas.
La SIP también mostró su preocupación por la querella penal interpuesta el 18 de marzo por la Secretaría de Finanzas (Sefin) en contra de Dagoberto Rodríguez, director de RCV, tras la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. RCV denunció un sobregiro de 6.500 millones de lempiras –más de USD 250.000– en la Tesorería General de la República, presuntamente destinados a la organización de elecciones primarias.
Un juez del Tribunal de Sentencia dictaminó declarar inadmisible la querella interpuesta por el secretario de Finanzas, Christian Duarte Chávez, contra el expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras y director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez Coello. La decisión se basó en que la acción u omisión denunciada no constituye delito, según el Código Procesal Penal.
Una segunda querella interpuesta por el tesorero general de la República, Salomón Hernández Rodríguez, contra Rodríguez Coello fue igualmente desestimada por el Tribunal de Sentencia bajo los mismos términos. La publicación generó controversia, ya que vinculaba presuntamente a altos funcionarios con el uso indebido de recursos estatales para actividades políticas. En respuesta, el ministro Duarte presentó una querella penal contra el periodista, argumentando que las declaraciones divulgadas en el medio de comunicación afectaban su honor e imagen pública.
Los embajadores de la Unión Europea (UE) acreditados en el país expresaron su respaldo a las libertades de prensa y expresión durante un encuentro con la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC).
Esdras Amado López, periodista y propietario de Cholusat Sur, Canal 36, fue detenido en su residencia en la colonia Tepeyac, Tegucigalpa, MDC, tras una denuncia de maltrato familiar, agresión y lesiones interpuesta por su esposa, Milagros González. Con excesivo uso de la fuerza, más de 20 agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención. López negó las acusaciones. El Colegio de Periodistas consideró desproporcionado el operativo.
