No obstante esta obligatoriedad, solo un aproximado del 30 por ciento de altos funcionarios públicos ha cumplido con esta obligación.

Esta es una tarea que puede llegar por dos vías, incluso simultánea y es a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y también por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Dicha normativa está contemplada en base al decreto ejecutivo N°22-2023 y se conoce como "Transparencia Financiera y Combate al Enriquecimiento Ilícito", aprobado en Consejo de Ministros.

El texto de la normativa indica que cada uno de los funcionarios autorizará la investigación de sus cuentas bancarias, documentación que tiene que ser presentada a la CNBS en un plazo máximo de 30 días. 

Actualmente, cerca de 40 funcionarios, de 180 aproximadamente, se han presentado a las oficinas de la CNBS a firmar autorización para la realización de la investigación.

En ese sentido, el titular de la CNBS, Marcio Sierra, aseguró en el programa 30/30 de TSi, que lo que se busca con esta disposición de la presidenta Xiomara Castro, es promover la transparencia en la administración pública.

Al mismo tiempo, consideró que con esta iniciativa la CNBS no interferirá en la labor investigativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

"No es una doble función porque forma parte de lo que la CNBS tiene instituido en su ley y en la Ley de Lavado de Activos por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera", explicó Sierra.

Seguidamente, añadió que la única institución que tiene el equipo, estructura y el software para hacer investigación y poder entrar a ver las cuentas de los funcionarios o cualquier ciudadano, es la CNBS.

Agregó que mantener la estabilidad financiera implica evitar el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito para no distorsionar el sistema financiero.