La Secretaría de Salud a través de un comunicado finalmente aceptó que la empresa farmacéutica de Pfizer no pidió la creación de una ley para mantener la confidencialidad del contrato de compra de vacunas contra el COVID-19.
Y aclaró que la solicitud de la farmacéutica era de reservar todo el contrato de compra de vacunas.
Por tanto, ante este pedido, el único mecanismo para cumplir con ese requisito, argumentan, era la creación de la ley de secretividad porque el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), no está facultado legalmente para declarar en reserva total un contrato.
Salud justificó que la única manera de reservar el contrato en su totalidad era mediante la creación de una norma en el Congreso Nacional y enfatizó que el contenido del contrato está a la disposición de cualquier organismo contralor del Estado y del IAIP.
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