Autoridades determinan vínculos con estructuras criminales en caso de 50 kilos de cocaína decomisados en 2021.

Tegucigalpa, Francisco Morazán. Diez personas, entre ellas seis policías, fueron condenadas a 20 años de prisión tras ser halladas culpables de tráfico agravado de drogas. La sentencia incluye una multa de 666 mil lempiras. Los hechos se remontan a noviembre de 2021, cuando las autoridades decomisaron 50 kilos de cocaína en Tocoa, Colón, como parte de un operativo de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

Los condenados incluyen a los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI): Oscar Rolando Casco Banegas, Henry Antonio Murillo Olivera, Rosell Obed Alfaro Joaquín, Erick Eusebio Sauceda Alonso, Kevin Ariel Gonzáles Chávez y Adín Noel Morales Zelaya, junto con los civiles Fanny Danelia Avilés Díaz, Luis Reynaldo López Guzmán, Cristhian Orlando Gutiérrez Montes y Jorge Francisco Hernández Roque.

Detalles de la investigación

El caso surgió tras una vigilancia en la colonia San Isidro de Tocoa, donde las autoridades identificaron una residencia utilizada para ocultar drogas. En el allanamiento se incautaron, además de los narcóticos, 14 teléfonos móviles, varias armas, municiones, un fusil y cinco vehículos. Las investigaciones demostraron que los policías involucrados estaban fuera de sus funciones, no portaban identificación ni uniformes, y actuaban de forma irregular en la zona.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentó más de 40 pruebas, incluyendo análisis químicos del estupefaciente, extracción de datos electrónicos, dictámenes forenses y documentación que confirmaba la vinculación de los imputados con estructuras criminales lideradas por Misael Reyes Torres y Héctor Urbina Martínez, ambos condenados previamente por narcotráfico.

Conexiones y modus operandi

Las evidencias establecieron que los condenados intentaban realizar un «quite» de drogas, es decir, el robo de cargamentos ilegales para su beneficio personal. Este cargamento tenía origen en Colombia y estaba destinado a Guatemala, confirmando operaciones de tráfico internacional en el litoral atlántico de Honduras.

Oscar Rolando Casco Banegas recibió una pena adicional de cinco años y cuatro meses de prisión por porte ilegal de arma de fuego de uso comercial. En total, el caso involucra a 15 personas, de las cuales cinco ya habían sido condenadas en procesos previos mediante procedimientos abreviados.