Tegucigalpa. La comunidad hondureña amparada bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos se encuentra a la expectativa de la decisión que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunciaría entre el 4 y 5 de mayo sobre la posible renovación o cancelación de este beneficio que ha permitido a miles de migrantes residir y trabajar legalmente en ese país desde hace más de dos décadas.

Actualmente, unos 50,000 hondureños están protegidos por el TPS, cuya vigencia se extiende hasta el próximo 5 de julio de 2025. Sin embargo, la incertidumbre se intensifica a medida que se acerca la fecha límite para conocer si el programa será renovado o si el gobierno estadounidense decidirá ponerle punto final, lo que obligaría a los beneficiarios a buscar otras vías de regularización o enfrentar posibles procesos de deportación.

«Es importante tener una extensión, pero nos hemos preparado para el peor de los escenarios, para poder responder», expresó una migrante hondureña miembro de la Alianza Latina del TPS, en declaraciones recientes a medios locales.

Organizaciones proinmigrantes temen que las autoridades de EE. UU. esperen hasta el último momento para hacer público su veredicto, lo que dificultaría acciones legales inmediatas, como la presentación de apelaciones ante cortes federales.

Desde su creación en 1998, tras los devastadores efectos del huracán Mitch, el TPS ha brindado alivio temporal a decenas de miles de hondureños. No obstante, en 2018, durante la administración del expresidente Donald Trump, se anunció su cancelación, decisión que fue frenada por demandas judiciales interpuestas por organizaciones civiles, permitiendo posteriores extensiones.

La defensora de derechos humanos y experta en migración, Itsmania Platero, cuestionó la falta de acción proactiva del actual gobierno hondureño, asegurando que no basta con esperar una respuesta por parte de Estados Unidos.

“La Cancillería o la presidenta Xiomara Castro debe entregar un escrito, ya no ante el Departamento de Seguridad de Defensa, sino ante el nuevo secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para pedir el TPS y levantar a Honduras bajo algunas condiciones”, afirmó Platero en entrevista concedida al noticiero TN5 Matutino de Canal 5.

Según la defensora, el gobierno debería asumir un rol más activo en la defensa de los intereses de sus ciudadanos en el extranjero, especialmente cuando se trata de derechos tan delicados como el estatus migratorio.

En contraste, el vicecanciller para asuntos migratorios, Antonio García, dijo que desde la administración de Xiomara Castro se ha trabajado de forma discreta pero constante con el fin de lograr una renovación del beneficio.

«Estamos contando los días con la esperanza de que el TPS sea renovado», expresó García, asegurando que se han seguido los mismos mecanismos que permitieron extensiones a países como El Salvador y Venezuela.

A pesar del optimismo gubernamental, diversos colectivos migrantes han comenzado a organizarse ante un posible escenario adverso, entre ellos asesorías legales, campañas de sensibilización y contactos con congresistas estadounidenses que han mostrado apoyo al TPS.

El desenlace de esta situación podría tener implicaciones significativas no solo para los hondureños en EE. UU., sino también para sus familias en Honduras, que dependen de las remesas enviadas por estos migrantes, así como para la estabilidad emocional y económica de toda una comunidad.