Tegucigalpa. La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra Joel Ramos García, ex-coordinador del Proyecto de Transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE). El ex funcionario enfrenta cargos por delitos electorales, específicamente por obstaculizar la entrega de documentos electorales y el desarrollo del cronograma de actividades del CNE, lo que contraviene la Constitución.
La denuncia surge a raíz de los retrasos reportados el 9 de marzo en la distribución del material electoral en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Según el MP, la desorganización fue evidente, ya que los autobuses contratados para el transporte del material electoral cargaron maletas equivocadas y de manera desordenada, sin corresponder a los centros de votación de las rutas asignadas. Esta situación obligó a descargar las maletas en plena vía pública para verificar su correspondencia y, tras ello, realizar las entregas de forma errónea.
A pesar de que los buses permanecieron estacionados con el material electoral, Ramos García no informó ni presentó los informes correspondientes sobre el estado de la distribución, lo que causó un retraso injustificado en la entrega de las maletas. El ex coordinador, quien tenía pleno conocimiento del cronograma de actividades, ya que participó en su elaboración, sabía también las rutas de distribución a nivel nacional, pues como jefe de cartografía electoral, era responsable de asegurar la correcta entrega de los materiales a los centros de votación.
La situación generó un impacto devastador, ya que algunos centros de votación en la capital abrieron hasta altas horas de la noche. En dos casos, los comicios no se realizaron hasta ocho días después de lo previsto, lo que no solo causó costos adicionales, sino que también afectó gravemente la confianza del electorado en el proceso electoral.
El requerimiento fiscal contra Ramos García refleja la necesidad de fortalecer los controles y procesos dentro del CNE para evitar situaciones que comprometan la transparencia y efectividad de los comicios. Este caso pone de manifiesto la importancia de la correcta ejecución de los planes logísticos electorales y la obligación de los responsables de informar sobre cualquier eventualidad. La justicia deberá determinar las responsabilidades y las sanciones correspondientes para evitar que incidentes como este se repitan en el futuro y para restaurar la confianza en las elecciones del país.
