Tegucigalpa. En un momento en que Honduras es anfitriona de la IX Cumbre de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) ha emitido un fuerte pronunciamiento en el que denuncia una preocupante ofensiva estatal contra los derechos y libertades fundamentales en el país. La organización asegura que el gobierno, a través de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, está criminalizando el derecho a la protesta y deteriorando peligrosamente la democracia.

 Criminalización de la protesta: una amenaza latente

El comunicado de la ACTJ responde directamente al contenido del documento SEDS No. 20-2025, publicado el pasado 30 de marzo, en el que se advierte sobre la identificación y captura “in fraganti” de personas que participen en la toma de vías públicas. Lejos de ser una medida preventiva contra actos vandálicos, la ACTJ interpreta estas advertencias como una amenaza directa a los derechos de libre asociación, expresión y manifestación pacífica.

“Este tipo de comunicados no disuaden la violencia, sino que amedrentan a la ciudadanía, alimentan el miedo y desalientan la participación democrática. Nos recuerdan los días más oscuros de persecución política y criminalización de líderes sociales”, señala el documento.

Además, la organización alerta que esta estrategia de intimidación ocurre en un contexto altamente sensible: un año electoral marcado por tensiones políticas, polarización ideológica y violencia contra defensores de derechos humanos.

 Estado de Excepción: ¿norma o abuso de poder?

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento es la denuncia sobre el uso excesivo y sistemático del Estado de Excepción. Según la ACTJ, esta medida, que debería ser extraordinaria, se ha convertido en una herramienta permanente de control social, utilizada para restringir derechos y reprimir voces disidentes.

“Nos encontramos frente a un patrón autoritario que busca silenciar la crítica, blindar a las élites políticas y criminalizar toda forma de resistencia popular legítima”, advierte la organización.

 Llamado a las instituciones del Estado

La ACTJ exige al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a la Secretaría de Seguridad que respeten su mandato constitucional y se aparten de intereses partidarios o poderes fácticos. Les insta a cumplir con su deber de proteger los derechos ciudadanos sin parcialidades ni obediencia ciega a quienes les nombraron en sus cargos.

“La legitimidad de las instituciones se mide por su independencia y su lealtad al pueblo, no por su sometimiento a clanes políticos o económicos”, afirman.

 Mensaje a la comunidad internacional: ojos sobre Honduras

El pronunciamiento también se dirige directamente a los países miembros de la CELAC, que actualmente participan en la cumbre regional celebrada en Tegucigalpa. La ACTJ les exhorta a hacer un llamado al gobierno hondureño para que garantice elecciones libres, transparentes y alejadas del financiamiento ilícito, especialmente del narcotráfico.

“El mundo no puede voltear la mirada cuando un país sede de una cumbre de integración latinoamericana está al borde de la regresión autoritaria”, subraya el documento.

 Convocatoria al pueblo hondureño: protestar es un derecho

Finalmente, la organización lanza un mensaje directo al pueblo hondureño, animándole a ejercer su derecho a la protesta de forma pacífica, sin miedo, y con la certeza de que la defensa de la democracia también pasa por las calles. Llaman a la memoria colectiva, recordando que muchos de quienes hoy ocupan cargos de poder también fueron alguna vez manifestantes contra regímenes autoritarios.

“Protestar no es delito, es un acto legítimo de dignidad. Cuando los gobiernos olvidan que nacieron de la protesta, están más cerca de la dictadura que de la democracia”, concluye el comunicado.