- Dos escenarios se alimentan con esta medida: el fraude electoral y la represión de la libertad de expresión.
- Con estos registros, se podría rastrear la ubicación y las comunicaciones de las personas, exponiéndolas a riesgos de suplantación de identidad o ciberdelitos.
- El abogado citó artículos constitucionales donde se establece la protección a la inviolabilidad de las comunicaciones, salvo orden judicial.
Tegucigalpa, Honduras. El anuncio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre la implementación obligatoria de un registro biométrico para todos los ciudadanos con una línea de teléfono celular en Honduras ha suscitado fuertes cuestionamientos legales y temores de un eventual uso político de la información, especialmente con miras a las próximas elecciones. Según la nueva disposición, a partir del 1 de mayo, quienes no se registren con sus datos biométricos verán sus números desactivados.
El abogado Javier Sandoval se pronunció al respecto durante el programa En la Mira, donde expuso sus dudas sobre la legitimidad de la medida y alertó de una posible intromisión en la privacidad, fraude electoral y violación a los derechos constitucionales de los hondureños.
“Conatel no tiene la potestad legal para tomar datos biométricos”
Sandoval enfatizó que, de acuerdo con la Constitución de la República y las funciones asignadas a las instituciones del Estado, sólo el Registro Nacional de las Personas (RNP) está facultado para manejar datos biométricos. Esto incluye huellas dactilares, reconocimiento facial, escáner de iris, voz y otras formas de identificación digital.
“Esa competencia de tomar datos biométricos es exclusiva del RNP, como ente encargado de la identificación de los hondureños. Conatel no está facultado para exigir a las empresas de telefonía móvil que obliguen a sus clientes a realizar un registro biométrico”, señaló el jurista.
Violaciones constitucionales y privacidad en riesgo
El abogado citó el artículo 76 de la Constitución, el cual garantiza el derecho al honor, y el artículo 7, que protege la inviolabilidad de las comunicaciones, salvo orden judicial. A su criterio, este requisito de registro biométrico infringe ambos preceptos.
“Nadie puede violar nuestro derecho a la comunicación y, menos aún, obligarnos a entregar datos tan sensibles como la huella, la voz o el reconocimiento facial sin una orden judicial. Se está violentando el derecho de la privacidad y de la libre comunicación de los ciudadanos”, afirmó Sandoval.
Asimismo, el experto explicó que, al centralizar la información personal en manos de Conatel o las telefónicas, se abre la puerta a posibles usos indebidos de la base de datos. Con estos registros, se podría rastrear la ubicación y las comunicaciones de las personas, exponiéndolas a riesgos de suplantación de identidad o ciberdelitos.
“Con datos biométricos, un delincuente puede prácticamente suplantar la identidad de otra persona. Es como darles las llaves de una bóveda”, advirtió.
¿Nueva herramienta de seguridad o puerta abierta al fraude electoral y la censura?
El analista comparte que el manejo centralizado de datos tan sensibles puede convertirse en una herramienta peligrosa si cae en manos de un gobierno con intenciones autoritarias o se combina con la ausencia de garantías legales robustas.
A continuación, se exponen dos escenarios que alimentan estos temores: el fraude electoral y la represión de la libertad de expresión.
Maneras en que el Registro Biométrico Facilita el Fraude Electoral
- Compra de votos con evidencia biométrica:
El reconocimiento facial podría vincular la identidad del votante con la papeleta marcada, exigiendo pruebas para asegurar el sufragio por el partido oficialista antes de pagarle. - Control sobre el voto en urnas electrónicas:
En sistemas de votación digital, la eliminación del secreto del voto permitiría al gobierno saber quién votó por qué candidato, presionando o intimidando a la población. - Eliminación selectiva de votantes opositores:
Con acceso a datos biométricos, se podría anular el derecho a votar de cierto grupo de ciudadanos bajo argumentos de “errores” o inconsistencias en sus registros. - Suplantación de identidad en el voto:
Funcionarios corruptos podrían utilizar los datos de personas fallecidas o que no acudan a votar para registrar sufragios falsos y adulterar los resultados finales.
- Manipulación de bases de datos electorales:
Al controlar el censo biométrico, podrían trasladar votantes a otros centros, dejarlos fuera del padrón o manipular la información para alterar significativamente los comicios.
Beneficios que un gobierno represivo obtiene con el registro biométrico en celulares
- Identificación y persecución de críticos:
Cada número de teléfono se asociaría a datos personales irrepetibles, haciendo casi imposible el anonimato en redes sociales y permitiendo la persecución legal de opositores. - Autocensura y miedo:
El conocimiento de un monitoreo constante haría que la gente se abstenga de criticar al gobierno o de hablar públicamente sobre temas de corrupción, por temor a represalias. - Fabricación de pruebas contra opositores:
La manipulación de mensajes privados o posts en redes, vinculados con los datos biométricos, permitiría criminalizar a voces disidentes con acusaciones infundadas. - Espionaje y vigilancia masiva:
Con la base de datos biométrica en sus manos, un gobierno puede rastrear con quién se comunica cada persona, dónde se encuentra y qué tipo de mensajes comparte, ejerciendo un control total. - Extorsión y manipulación:
Periodistas o activistas podrían ser amenazados con la divulgación o falsificación de sus datos biométricos, usándolos para inculparlos en delitos inexistentes o forzar su silencio.
El abogado recalcó que la toma de huellas, el reconocimiento facial o la biometría del iris deben enmarcarse en un sistema de protección legal clara, y ser competencia exclusiva de órganos especializados (como el Registro Nacional de las Personas, RNP), vigilados por instituciones independientes.
Pide intervención de organismos de derechos humanos
Ante las implicaciones legales y constitucionales, Sandoval insta al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y a otras entidades defensoras de la ciudadanía a manifestarse en contra de la disposición de Conatel. El jurista tampoco descarta la posibilidad de presentar recursos de amparo ante la Corte Suprema para frenar la medida.
“Estamos ante una violación grave al derecho a la libre comunicación. El Conadeh debe pronunciarse urgentemente y evitar un atropello a la intimidad y a las garantías constitucionales de millones de hondureños”, enfatizó.
Por ahora, la exigencia de Conatel sigue en pie, quien no se someta al proceso de registro biométrico antes del 1 de junio, quedará sin su número telefónico activo. Sin embargo, Sandoval demanda un análisis constitucional exhaustivo y medidas de protección que garanticen la privacidad y la libertad de los hondureños.
