Reestructuración penitenciaria, medida valiente y decisiva en reducción de violencia

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La reestructuración del sistema penitenciario, que comenzó con el traslado de reos de alta peligrosidad a las nuevas cárceles de máxima seguridad, ha contribuido a bajar los homicidios y la criminalidad, y ha permitido salvaguardar y proteger la vida de los hondureños.

Haciendo efectiva su promesa de entablar una lucha frontal y sin descanso contra las organizaciones criminales, el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández enfrentó los problemas existentes dentro de un sistema penitenciario que estaba en condiciones precarias, mediante la modernización y reestructuración de centros penales haciéndolos idóneos para el cumplimiento de la ley.

“Los resultados nos dieron la razón. Las disminuciones más grandes en homicidios y criminalidad fueron en el año (2016) que cerramos centros penales y creamos las cárceles de máxima seguridad, casi 30% de reducción”, dijo Hernández al recordar los avances alcanzados en su mandato en temas de seguridad, en particular en el sistema penitenciario, desde donde los criminales ordenaban asesinatos, extorsiones, asaltos y otros delitos.

Es importante decir que desde que el mandatario asumió la presidencia del Congreso Nacional, en el año 2010, afirmó su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, contemplando proteger y salvaguardar la mayor cantidad de vidas en el país.

“Le encomendamos ese trabajo de la construcción de los centros penales nuevos, al en ese entonces viceministro (de Seguridad) Luis Suazo, quien ahora es secretario del Gabinete de Defensa y Seguridad”, recordó Hernández.

“Sabíamos que no era fácil, debíamos planificar y buscar una reforma sostenida al sistema penitenciario, construir las cárceles de máxima seguridad solamente era un paso pero requeríamos de mucho más”, analizó el jefe del Poder Ejecutivo.

Hernández añadió que gracias al compromiso y cero tolerancia al crimen organizado “logramos reducir la tasa de homicidios en un 58 %, pasando de 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes a 37″.

 Las estrategias de seguridad impulsadas por Hernández lograron, desde 2012 hasta 2020, salvar más de 77.405 vidas, una cifra que «podemos comparar por ejemplo con las 58.000 fatalidades que Estados Unidos sufrió en la guerra de Vietnam que duró 20 años», puntualizó el mandatario.

Desde su gestión como diputado y presidente del Congreso Nacional, el gobernante ha impulsado iniciativas para fortalecer la seguridad del país, que incluyen la ley de extradición, la Ley de Extinción de Dominio y la Tasa de Seguridad, entre otras.

 Un momento desafiante

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 Por su parte, el secretario del Gabinete de Defensa y Seguridad, Luis Suazo, calificó la transición del sistema penitenciario nacional como ‘un momento desafiante’, puesto a que los grupos del crimen organizado manejaban los centros penales a su antojo.

“Fue un momento desafiante. Mi primera visita fue a la cárcel de Gracias (Lempira) y, al llegar, la persona encargada del portón me consultó si entraría a la zona de prisión, a lo que yo respondí que sí”, relató.

“El tipo fue, tocó el portón, vino alguien de adentro (de la zona de reos), le dijeron que yo quería entrar; luego la persona entró al patio a consultar si podía ingresar y fue de ahí mismo de donde trajeron la llave del portón”, continuó.

“Luego de eso me abrieron la puerta y quien lo hizo me dijo: ‘No se preocupe, que dieron orden de no hacerle nada’. Esa era la historia de nuestros centros penitenciarios en todas partes”, resumió Suazo.

Asimismo, el funcionario explicó que para garantizar la eficacia en la planificación y reestructuración del sistema penitenciario hondureño “visitamos 48 cárceles diferentes en la región para aprender y sacar las mejores prácticas para nuestras cárceles”.

La primera gran operación

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Suazo recordó la histórica Operación Arpía, la más grande de América Latina en traslados penitenciarios, efectuada el 17 de marzo del 2017 y que significó el traslado de 755 reos de las organizaciones criminales conocidas como mara 18 y la mara Salvatrucha a la cárcel de El Pozo, en el municipio de Ilama, en Santa Bárbara.

“Una vez que las cárceles estuvieron listas vino la primera gran operación Arpía. Esa fue una operación donde me siento orgulloso de los oficiales hondureños que participaron y que planificaron, ya que se dio a cero margen de error y a la perfección “, puntualizó.

“Para nosotros y para mí fue uno de los momentos más tensos de nuestro trabajo; no teníamos comunicación, se cortó la electricidad para poder entrar al centro penal, no podíamos sacar a miembros de la pandilla 18 y MS por el mismo portón, debían ser distintos”, detalló.

“Existia la posibilidad, y teníamos conocimiento, de que adentro del centro penitenciario habían muchas armas y que había riesgo de vida”, afirmó.

El funcionario recordó que “toda la primera parte de la operación había dificultades con la comunicación en todo este proceso, porque no habíamos tenido este fortalecimiento que hoy tenemos”.

Esa labor se hacía “por medio de cámaras del Sistema Nacional de 911 que estaban dirigidas hacia adentro del centro penal y con poca comunicación que venía por la ruta militar”, detalló.

“Esta fue una operación que contó con más de 2.300 policías, militares, agentes de inteligencia; 6 helicópteros y aviones que rondaban el área, como parte de la logística”, apuntó.

Suazo subrayó que “gracias a este proceso, que fue fuerte e importante, pudimos ver en los siguientes años que nos permitió que la gente de adentro de los penales pudiera rehabilitarse”.

“Subió en un 600% la cantidad de gente que tomaba el sistema de educación interna y que participaban en proyectos de rehabilitación y demás”, exteriorizó.

El funcionario enfatizó que “creo que esa fue una inversión importante, ya que la forma de conducirse de los grupos criminales es la comunicación y ahí logramos cortarla para tomar control del sistema y pusimos a disposición una serie de tecnologías al servicio para poder controlar las maras y pandillas”.

De interés:

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 Entre las acciones más destacadas del Gobierno del presidente Hernández en materia de seguridad están la puesta en marcha del Plan Morazán, la depuración policial y el posterior equipamiento y mejoramiento de las condiciones de la institución, un proceso que dio como resultado una Policía Nacional renovada y profesional.

  • Además, luego de los traslados de reos dentro de la Operación Arpía, el Gobierno de la República ordenó el cierre del Centro Penal de San Pedro Sula, conocida como “la universidad del crimen”, y se reforzó la lucha contra las maras y pandillas asignando esa tarea a la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas.
  • El Plan Morazán dio inicio en el año 2014, como un mensaje claro del presidente Hernández en su lucha contra el crimen organizado y contempló saturaciones y ejecución de órdenes de captura.
  • Además, en el marco del Plan Morazán se efectuaron allanamientos y el combate de todo tipo de hechos ilícitos, como asaltos, robos, cobro de extorsión y homicidios, para sacar de circulación a personas que mantenían en zozobra a la población.

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