Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, emitió este miércoles una contundente advertencia a los sectores políticos que buscan ejercer presión sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener beneficios fuera del marco legal. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el funcionario fue enfático al recordar que el CNE no tiene facultades para alterar, reformar, modificar o interpretar la Ley Electoral.
“A los políticos que intentan presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener beneficios al margen de la Constitución y la Ley Electoral, se les recuerda lo siguiente: El CNE no posee facultades legales, ni ninguna atribución para reformar, modificar, alterar, interpretar o violentar la Ley Electoral, incumpliendo los plazos establecidos en la misma. Ya que esto dilataría el proceso”, publicó Redondo.
Advertencia con base constitucional
El titular del Legislativo subrayó que cualquier intento de manipulación institucional conlleva consecuencias graves: “Cualquier intento en ese sentido constituiría un abuso de funciones, sería nulo de pleno derecho y podría dar lugar a responsabilidades penales conforme a lo establecido en los artículos 51 (párrafo segundo), y del 320 al 327 de la Constitución de la República, entre otros”.
Alerta tras crisis del 9 de marzo
Redondo contextualizó su advertencia en los hechos ocurridos el pasado 9 de marzo de 2025, cuando se reportaron enfrentamientos institucionales y acusaciones cruzadas entre actores políticos durante una etapa clave del proceso electoral. “Después de lo ocurrido el 9 de marzo de 2025, no se debe permitir la dilación del proceso Electoral General”, señaló, remarcando la necesidad de respetar los tiempos y límites legales establecidos.
El mensaje del presidente del Congreso llega en un momento de alta tensión política, donde distintos sectores han cuestionado al CNE por su papel en la organización de los próximos comicios. Redondo, sin mencionar nombres específicos, dejó claro que cualquier intento de desviar el curso legal del proceso electoral será combatido desde el Congreso y, si es necesario, en sede penal.
