Caso Red de Diputados 2.0: Avanzan Allanamientos e Investigaciones. Agentes judiciales buscan documentos clave sobre el presunto desvío de fondos públicos
Tegucigalpa, Honduras. En el marco de las investigaciones relacionadas con el caso conocido como Red de Diputados 2.0, este lunes se iniciaron nuevos allanamientos y diligencias prejudiciales en diferentes sectores del país, dirigidos por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
La Fiscalía ha designado a un juez ejecutor para coordinar las acciones legales, que incluyen el secuestro de documentos relacionados con el presunto mal manejo del Fondo Departamental por parte de más de 200 diputados y exdiputados de distintos partidos políticos.
Plazo vence en el Congreso Nacional
Este lunes también marca el vencimiento del plazo de 72 horas otorgado por el Fiscal General de la República para que el Congreso Nacional entregue documentos requeridos como parte de la investigación. Una comisión de agentes de la ATIC se presentó en el Congreso para dar seguimiento a este requerimiento y asegurar la disponibilidad de la información.
La investigación preliminar apunta a irregularidades en el manejo de recursos públicos que, según las denuncias, habrían sido desviados a cuentas personales o utilizados para gastos no relacionados con los proyectos sociales destinados a beneficiar a la población.
Operativos en Valle de Ángeles y otras zonas
Durante el fin de semana, la Uferco realizó allanamientos en el municipio de Valle de Ángeles y otros puntos estratégicos del país. Según confirmó el fiscal Luis Javier Santos, el alcance de la investigación ha crecido significativamente desde los reportes iniciales que implicaban a 34 diputados, alcanzando ahora a más de 200 parlamentarios, entre titulares y suplentes.
Fondo Departamental bajo escrutinio
El caso Red de Diputados 2.0, como su predecesor, investiga el posible desvío de millones de lempiras destinados a proyectos sociales a través de organizaciones no gubernamentales (ONG). Las autoridades buscan esclarecer cómo estos fondos terminaron siendo utilizados para fines personales, campañas políticas, y otros gastos indebidos.
Con los allanamientos en marcha y la entrega de documentos en curso, las autoridades han señalado que las diligencias prejudiciales serán clave para fortalecer el caso y avanzar hacia posibles requerimientos fiscales. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de garantizar que todos los implicados enfrenten la justicia, independientemente de su afiliación política.
