Tal es una de las medidas acordadas en por la Presidente Xiomara Castro, durante la reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de esta tarde de viernes.

No cabe duda que la presidente Castro soportó hasta lo imposible que a diario se produjeran tomas de vías públicas por doquier y por cualquier tema tribal; pero todo tiene un límite y desde ahora las mismas ya no serán permitidas de la forma como venía sucediendo prácticamente a diario.

Pero junto a esta medida de quienes se tomen las carreteras, se aprobaron una serie de puntos para combatir la violencia y la delincuencia que acampa en el territorio y las cuales en su mayoría tendrán un plazo de seis meses.

Primera: Información y documentación del CNDS. Toda información y documento que se genere como resultado del cumplimiento de funciones y actividades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad serán manejados por la Dirección Investigación e Inteligencia de conformidad de las normativas vigente.

Segunda: La Presidenta de la República prorroga la vigencia del PCM 10-2023 del 20 de febrero del 2023, en el que decreta la suspensión de garantías constitucionales e inmediatamente se procederá a realizar la asignación de responsabilidades por sectores geográficos a la Secretaría de Seguridad Pública como titular facultada y a la Secretaría de Estado en el despacho de Defensa como colaboradora efectiva en esta materia de conformidad con la Constitución.

La Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad es responsable de coordinar y ejercer sus facultades en todo el país y responderá por sus resultados en este plan directamente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés. Departamentos que estarán bajo su gestión operativa parea combatir y poner fin a la criminalidad debiendo responder por sus acciones e informar periódicamente a este Consejo.

La Secretaría de Defensa a través de las Fuerzas Armadas de Honduras y sus diferentes fuerzas colaborarán de manera efectiva, ejecutando acciones y actividades en materia de seguridad como lo ha venido realizando permanentemente. Pero ahora de manera especial en el desarrollo de este plan en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios informando sistemáticamente a este Consejo sobre los resultados concretos de su accionar.

La Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar colaborará de manera efectiva ejecutando acciones y actividades en materia de seguridad como lo ha venido realizando, pero ahora de manera especial para el desarrollo de este plan en los departamentos de Atlántida, Yoro y Copán; brindando los informes correspondientes sobre las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos.

Tercera: Se instruye a las FFAA para colaborar con el instituto Nacional Penitenciario en la habilitación de batallones como centros de reclusión de emergencia para el cumplimiento de este plan, sometiéndose a los estándares internacionales de seguridad penitenciaria y los convenios y tratados internacionales que regulan los derechos de los detenidos.

Cuarta: El Poder Judicial, presidido por la abogada, Rebeca Raquel procederá a asignar jueces con jurisdicción nacional para acompañar de manera eficiente y oportuna las acciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad con base a este Plan Nacional de Solución Contra el Crimen.

Quinta: El Ministerio Público asignará Fiscales especiales para acompañar de manera
eficiente y oportuna, las acciones de las Instituciones de Seguridad del Estado en
la ejecución de la Estrategia Nacional SOLUCIÓN CONTRA EL CRIMEN.

Sexta: La Presidenta de la República emitirá decreto de emergencia para el funcionamiento de los equipos técnicos y operativos y la construcción, reforma y equipamiento de instalaciones de centros penales y de seguridad en cualquier sitio del territorio nacional, siguiendo los lineamientos nacionales e internacionales de transparencia y seguridad penitenciaria y detención de las personas.

Séptima: La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con la colaboración de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel) deberá proceder a prohibir la compra y venta tarjetas SIMCARD (ships para números telefónicos) sin que exista un estricto registro de identificación de los compradores; responsabilizando y sancionando en caso de incumplimiento a las compañías telefónicas autorizadas y sus sucursales para operar en el país.

Octava: Instruir a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia para que elabore un programa de análisis criminal con la participación del Poder Judicial, Ministerio Público, Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad para compilar y sistematizar de manera ordenada y científica toda la información que exista sobre denuncias, investigaciones, detenciones, órdenes de captura, requerimientos fiscales y sentencias para efectos de identificar a las personas con mayor incidencia en la comisión de delitos.

Novena: Se establece un protocolo policial para enfrentar el problema de las tomas de las vías públicas nacionales e internacionales de libre tránsito, la perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones del Estado y la perturbación ilegítima del orden público. Anunciando de acuerdo con la ley los procedimientos para solicitar el cese de las tomas y de actuaciones ilegales.

Poner a la orden del Ministerio Público a los responsables y garantizar el libre tránsito y seguridad de la ciudadanía.