¿Qué partido estarían viendo? Informe del Departamento de Estado reconoce turbidez en elecciones 2017

Captura TSE


Un reconocimiento extemporáneo sobre la falta de transparencia en el proceso electoral de 2017, producto de informes elaborados por observadores que indican irregularidades en la entrega de resultados.

«Honduras celebró por última vez elecciones nacionales y locales en noviembre de 2017. Los votantes eligieron a Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, como presidente por un período de cuatro años a partir de enero de 2018. Los observadores internacionales en general reconocieron las elecciones como libres, pero cuestionaron la imparcialidad y transparencia de la resultados», cita el informe.

El documento relata que «Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos. Entre las cuestiones importantes de derechos humanos se incluyen: ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; asesinatos y amenazas a miembros de los medios de comunicación por parte de elementos criminales; penalización de la difamación, aunque no se denunciaron casos; actos graves de corrupción, incluso por parte de funcionarios de alto nivel; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer; y amenazas y violencia contra comunidades indígenas, afrodescendientes y lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales».

Además, el informe señala que el gobierno de Honduras continuó procesando a algunos funcionarios que cometieron abusos, pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron los principales obstáculos para obtener condenas.

«El toque de queda nacional y el cierre de las oficinas gubernamentales en respuesta al Covid-19 obstaculizaron gravemente los esfuerzos del gobierno para abordar los abusos durante la mayor parte del año2.

Señala, también que los grupos de delincuencia organizada, incluidas las pandillas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia contra los defensores de los derechos humanos y las autoridades judiciales. , abogados, miembros de la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otras poblaciones vulnerables.

El gobierno investigó y procesó muchos de estos crímenes, particularmente a través del Grupo de Trabajo de Crímenes Violentos de la policía nacional.

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