¿Qué dice último informe del departamento de Estado de EEUU sobre JOH, la corrupción y el tráfico de drogas en Honduras?

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Como todos los años, el uno de marzo el departamento de Estado de Estados Unidos debe presentar un Informe anual sobre los resultados de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes (INCSR), y el cual debe presentarse al Congreso el primer día de marzo de cada año. El INCSR  por sus siglas en ingles es el informe de dos volúmenes país por país del Gobierno de los Estados Unidos que describe los esfuerzos para atacar todos los aspectos del comercio internacional de drogas, el control químico, el lavado de dinero y los delitos financieros.

En el informe se hace una radiografía completa de todos los países donde Estados Unidos tiene presencia o asistencia para mitigar el trasiego o producción de drogas, y claro entre ellos esta Honduras,  hoy más que nunca lo que diga este informe causara un impacto en nuestro país.

En Noticias 24/7 hicimos una búsqueda del Informe anual sobre los resultados de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes (INCSR) el informe original lo pueden ver aquí, que es uno de los dos volúmenes el primero es INCSR 2021 – Volumen I: Control de drogas y productos químicos    y el segundo es INCSR 2021 – Volumen II: Lavado de dinero (Presentado al Congreso)

Y en el volumen I  el Departamento de Estado pone en contexto la situación del país, destacando que Honduras es un país clave de tránsito de cocaína con destino a Estados Unidos. La cocaína también transita por Honduras luego de hacer su primera llegada a otros países. Y menciona que durante los primeros nueve meses de 2020, las incautaciones de cocaína excedieron las de 2019, pero remarca que aún quedan desafíos importantes para interceptar las drogas ilícitas que transitan por Honduras por tierra, aire y mar.

Agrega que el departamento nororiental de Gracias a Dios es particularmente vulnerable al tráfico debido a su lejanía, infraestructura limitada y mínima presencia gubernamental. Las organizaciones de tráfico de drogas se aprovechan de estas vulnerabilidades, que dificultan la detección y la interdicción. El cultivo de coca a pequeña escala ha estado presente en Honduras durante al menos la última década, aunque las fuerzas de seguridad hondureñas han encontrado y destruido cada vez más campos en los últimos dos años.

En el informe se argumenta que todavía no hay suficiente información para evaluar la calidad de la hoja que se cultiva o la cocaína que se produce. Pero destaca que las autoridades hondureñas son cada vez más activas en la erradicación. En 2020, el gobierno hondureño enfatizó la ubicación y erradicación de estos campos en la parte noreste del país. A octubre, la Policía Nacional de Honduras (PNH) erradicó aproximadamente 40 hectáreas de plantaciones de coca y las fuerzas de seguridad ubicaron y destruyeron 11 laboratorios clandestinos de cocaína con algún apoyo de la misión de Estados Unidos. Y asegura que todavía no hay evidencia de que la cocaína producida en Honduras haya llegado a Estados Unidos.

En el documento, se afirma que continúa la voluntad política del gobierno hondureño de combatir el narcotráfico en coordinación con las fuerzas del orden de Estados Unidos.

Y toman de referencia los primeros nueve meses de 2020, las autoridades hondureñas afirmaron haber incautado aproximadamente 2.8 toneladas métricas (TM) de cocaína, excediendo las 2.2 TM incautadas durante el año calendario 2019.

Y pone en evidencia,  que los nuevos buques comprados por la Armada de Honduras no están activos en operaciones antidrogas debido a la falta de combustible (que también restringe el abordaje proactivo) y un presupuesto de mantenimiento inadecuado. En octubre, el presidente Hernández lamentó que las fuerzas de seguridad de Honduras limitaran las capacidades antidrogas de la aviación.

Pero el meoyo del asunto, es el inciso cuatro, donde se habla sobre la corrupción en Honduras y esto es lo que dice de manera textual el documento:

El Gobierno de Honduras, como política oficial del gobierno, no fomenta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, ni participa en el blanqueo del producto de la venta de drogas ilícitas. Sin embargo, la corrupción sigue estando muy extendida en las instituciones públicas y privadas. Las autoridades hondureñas identifican y llevan ante la justicia a la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales involucrados en el tráfico de drogas y delitos relacionados. En enero de 2020, el Gobierno de Honduras dejó expirar el mandato de la Misión de la OEA de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El Fiscal General creó UFERCO, una nueva unidad anticorrupción, pero los recursos limitados continúan siendo un desafío y UFERCO aún no ha presentado ningún caso a los tribunales. Inciso 4 Corrupción páigna 150.

El reporte del Volumen I concluye que, Estados Unidos continúa ayudando a desarrollar la capacidad de las instituciones hondureñas para combatir el tráfico de drogas, la corrupción y otros asuntos criminales. Si bien las autoridades hondureñas demostraron una capacidad mejorada para llevar a cabo interdicciones en 2020, la insuficiencia de combustible, las brechas de comando y control, la falta de confianza entre las instituciones militares y policiales y las capacidades limitadas de comunicaciones obstaculizan el progreso adicional. De manera similar, los recursos de aviación limitados obstaculizan la capacidad de Honduras para localizar y rastrear el tráfico aéreo y marítimo en su territorio.

¿Qué dice el departamento de estado sobre el lavado de activos?

El informe menciona que el lavado de activos en Honduras se deriva de la actividad delictiva nacional y extranjera. Las organizaciones de tráfico y los sindicatos del crimen organizado controlan la mayoría de las ganancias ilícitas, que pasa por el sistema bancario formal y la economía sumergida. Negocios basados en el comercio comúnmente utilizados para blanquear fondos incluyen los que operan en el sector automotor y de bienes raíces, sectores, empresas de remesas, casas de cambio de divisas, cooperativas de crédito, sector de la construcción, y ganadería.

Además, la corrupción y los vínculos con el crimen organizado en los sectores público y privado continúan ser generalizados, con el producto ilícito de la corrupción pública sujeto a lavado de dinero.  Un tratado regional entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua permite movimiento de ciudadanos entre estos países, dejando a cada país vulnerable al movimiento transfronterizo de contrabando y efectivo.

Actualmente, no existe un tratado bilateral entre Honduras y Estados Unidos que permita intercambio de registros. Sin embargo, las autoridades hondureñas han permitido registros e información intercambio bajo los términos de las convenciones relevantes de la ONU que establecen el proceso de mutuo asistencia entre Estados Partes.

El nuevo código penal presenta algunos retrocesos según el informe.

La definición de lavado de dinero contenida en el nuevo código penal, que entró en vigencia en junio de 2020, presenta algunos contratiempos en comparación con la anterior ley ALD de 2015. Por ejemplo, el delito subyacente del nuevo delito se ha cambiado de "actividad ilícita" a "delito grave", lo que aumenta el umbral legal y, por lo tanto, hace que sea más difícil de probar.

De acuerdo con la interpretación del Congreso de Honduras de la ley ALD, las entidades reguladas deben conservar registros de transacciones durante cinco años y el mantenimiento de registros se aplica a cada transacción, no al archivo completo del cliente. Como consecuencia, la información financiera relacionada con posibles casos de lavado de dinero podría estar incompleta o no estar d isponible. Las acciones al portador son legales y no existe un sistema de registro de beneficiarios reales para identificar y verificar a los beneficiarios en transacciones financieras complejas.

El sistema financiero hondureño suspende a las personas investigadas por lavado de dinero y limita su acceso al sistema bancario. Si bien la ley ALD permite al Ministerio Público (MP) para solicitar información financiera directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, algunas unidades de MP canalizan sus solicitudes a través de las autoridades superiores de MP, lo que genera retrasos. El escaso flujo de información entre el MP y la UIF ha dejado a personas autorizadas en la lista de riesgo financiero innecesariamente.

Y concluye que, las entidades reguladas no siempre son notificadas cuando las investigaciones se cierran administrativamente. La Superintendencia de Sociedades Comerciales, creada por la constitución hondureña para supervisar y regular las empresas para prevenir delitos financieros, permanece inactiva. Existen entidades especializadas, como la CNBS y el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), que combaten y previenen el lavado de activos en el sector privado, aunque CONSUCOOP carece de recursos suficientes para hacerlo de manera efectiva.

Este es un informe que realiza el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre los resultados de las acciones y colaboraciones ejecutadas por Estados Unidos en sus países aliados, cada informe contiene más de 200 páginas,  y el periodo de evaluación comprende el año fiscal del 2020 que corresponde a la administración Trump.

 

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