QEPD: Ley de Secretos, asidero estercolizo de la corrupción está muerta

Captura derogada - copia

Con un rotundo , el Congreso Nacional aprobó este martes, la derogación total de la Ley de Secretos, aberración jurídica que fue amparo de los que cometían actos de corrupción descarada en Honduras.

La antidemocrática norma jurídica sirvió para impedir que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), pudiera tener la información o las pruebas para acusar y resarcir los daños y perjuicios con los que se afectó a millares de hondureños, dijo el diputado presidente Luis Redondo.

La derogación fue respaldada por la mayoría de parlamentarios de la Cámara, luego de un prolongado debate de los seis artículos que componían el dictamen.

El abolido estatuto fue aprobado en enero de 2014 y el mismo declaraba como reservada o confidencial cierto tipo de información por 5, 10, 20 y hasta 25 años.

La Ley de Secretos fue calificada por la mayoría de los congresistas como “nefasta” para la historia reciente de Honduras.

Luego de un prolongado debate se terminó por aprobar la derogación de la controversial normativa vigente desde enero de 2014.

La ley clasificaba la información como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta con períodos de 5, 10, 15 y 25 años. Todo este entramado favoreció la opacidad y la sospecha y drenó con gravedad las libertades, especialmente la de expresión y el derecho a la información.

En ese sentido, la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón, indicó que, con la derogación de la Ley de Secretos, se recobra la legitimidad como institución, trabajando con herramientas que le permitan al ciudadano acceder a la información.

Señaló que alcaldes han manifestado preocupación por no poder actualizar la información en el portal de transparencia, ya que la administración anterior no dejó documentos y eliminó datos de sus computadoras.

“Los documentos son propiedad de las instituciones y no de las personas, al sustraer información están cometiendo el delito de sustracción de documentos públicos y es penado por el Código Penal”, puntualizó.

Por otra parte, el diputado nacionalista Mario Pérez, sugirió que se incluyera en el artículo 2 del dictamen los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública para que fueran derogados porque contravenían es espíritu de derogar la Ley de Secretos.

Si de verdad queremos que no haya actos secretos en el país, que todo sea público y de libre acceso a la ciudadanía, deroguemos los artículos 16, 17,18 y 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, demandó.

Esta propuesta generó reacciones contrarias en los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes calificaron la propuesta como dilatoria.

El Código Penal, establece que el funcionario o empleado público que, sustrae, destruye, inutiliza y oculta, total o parcialmente documentos debe ser castigado con pena de prisión de dos a cuatro años, además de una multa de 200 a 400 días e inhabilitación especial por cinco a 10 años.

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