Tegucigalpa. La audiencia preliminar programada para este lunes contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, y otros dos exmilitares, acusados de homicidio de Isy Obed Murillo, en el contexto del golpe de Estado de 2009, ha sido pospuesta sin una nueva fecha determinada.

La portavoz judicial, Bárbara Castillo, explicó que la audiencia no se podrá realizar porque el expediente relacionado con este caso «se encuentra en apelación». La Corte de Apelaciones debe decidir si confirma o revoca la resolución que dictó el 12 de enero pasado un juez de Tegucigalpa, que permitió a los tres exjerarcas militares defenderse en libertad, aunque bajo arresto domiciliario y bajo vigilancia de sus abogados.

Vásquez, el exsubjefe de las Fuerzas Armadas. Venancio Cervantes y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto son acusados por el Ministerio Público (MP) de «homicidio en perjuicio de Murillo y homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Alex Roberto Zavala».

Murillo, quien perdió la vida el 5 de julio de 2009 debido a un disparo en la cabeza, participaba en una manifestación a favor de Zelaya en ese momento. El entonces mandatario intentaba regresar a Honduras por vía aérea, pero las Fuerzas Armadas impidieron su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Toncontín al bloquear la pista con camiones. Según la investigación, los disparos de los militares fueron «brutalmente desproporcionados», ya que usaron fusiles de alto poder contra los manifestantes que ejercían su derecho a la protesta pacífica.

El caso, que sigue bajo investigación, ha generado un gran debate sobre la violencia durante el golpe de Estado de 2009, el cual ocurrió en medio de una controversia sobre la convocatoria de una consulta popular por parte de Zelaya para reformar la Constitución del país, un proceso que fue considerado ilegal por las principales instituciones del Estado, incluidos el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General y el Ministerio Público.