‘Polvos de otros lodos’ PGR solicita al CN defina postura respecto a destitución de magistrados en 2012

magistrados 2012


Para ello, La Procuraduría General de la República (PGR) envió un informe al Congreso Nacional (CN), para que defina su postura y pronunciamiento sobre el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la «destitución ilegal y arbitraria» de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en diciembre del año 2012, relacionado con la reelección presidencial en Honduras.

En la lectura de la opinión enviada por la PGR al Poder Legislativo, detalla sobre la destitución arbitraria de José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Francisco Ramírez y Rosa Lina Cruz Sequeira de sus cargos de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Honduras.

La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional resulta por el Poder Legislativo el 12 de diciembre de 2012 en horas de la madrugada y con el edificio rodeado por miembros de las Fuerzas Armadas, en donde fue un acto de injerencia del poder político sobre la independencia judicial», refiere la opinión de la PGR.

Se hizo sobre un procedimiento no previsto por la Constitución Política, ni por las leyes del país, no tuvo revisión judicial posterior alguna y seguida de una interminable persecución perpetrada por medio de amenazas y de hostigamientos

En ese sentido, la Procuraduría solicita al Poder Legislativo de remitir pronunciamientos sobre la posibilidad de suscribir un acuerdo de resolución amistosa.

Delegar a dos funcionarios de ese Poder del Estado para conformar una mesa de trabajo y definir un litigio estratégico en el presente caso.

Remitir las observaciones o valoraciones que estimen necesarias en virtud de lo presentado y espera que dicha resolución sea emitida a más tardar el 19 de abril del año en curso. Tod0s estos hechos violaron el derecho a la integridad personal, entre otros, indicó el organismo.

Pero eso no solo constituyó una violación a los derechos de las víctimas, sino que significó una grave ofensa a la independencia judicial de la República de Honduras ya que los magistrados fueron removidos arbitrariamente de sus casos por adoptar posiciones independientes y que afectaron intereses del Gobierno.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia tiene una gran oportunidad en donde podrá declarar la responsabilidad internacional del Estado de Honduras en el presenta caso y de ese modo hacer justicia para las víctimas y hacerles una reparación adecuada. Contribuir de forma indispensable a la institucionalidad y profundizar su jurisprudencia en relación con las garantías de independencia e inmovilidad de los jueces de las altas Cortes y del Poder Judicial en general.

Respetuosamente solicita a la Corte Suprema que ordene al Estado de Honduras la reparación integral de los daños ocasionados a los magistrados a raíz de la violación de los derechos consagrados de la Convención Americana.

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