Ciudadanos demandan claridad sobre la reanudación de la construcción vial.

Jesús de Otoro, Intibucá. La carretera que conecta Jesús de Otoro con La Esperanza fue bloqueada este viernes por miembros de la Sociedad Civil de Intibucá, quienes exigen al gobierno y a la empresa constructora que aclaren el estado de las obras de reconstrucción, detenidas desde hace meses.

El bloqueo, ubicado en un punto clave de acceso hacia La Esperanza, ha generado inconvenientes para los viajeros, mientras los manifestantes insisten en obtener respuestas claras sobre la continuidad de los trabajos. Javier García, miembro de la Sociedad Civil, expresó que la protesta busca «escuchar las dos versiones: que el gobierno explique si ya cumplió con los compromisos y que la empresa diga si ha recibido los fondos necesarios y cuándo se reanudarán las obras».

Según los manifestantes, las declaraciones recientes del ministro encargado, quien negó que los trabajos estuvieran detenidos, no concuerdan con la realidad en el terreno. «Queremos que nos muestren dónde están trabajando, porque aquí no hay avances. La ciudadanía está cansada y necesitamos que cumplan», señaló otro de los participantes.

Exigen transparencia y cumplimiento

La carretera Jesús de Otoro-La Esperanza es una vía crucial para los municipios de la zona. Los residentes aseguran que el retraso afecta tanto la movilidad como la economía local. «Nos han ignorado desde hace meses; esta toma es por incumplimientos tanto del gobierno como de la compañía«, añadieron los manifestantes.

Aunque el grupo no especificó por cuánto tiempo mantendrán el bloqueo, subrayaron que su objetivo no es confrontar, sino obtener claridad sobre el futuro de la obra. «Solo pedimos una fecha concreta y que las dos partes involucradas cumplan con lo prometido», insistió García.

Impacto regional

El cierre de esta carretera tiene repercusiones directas para quienes dependen de la ruta para el transporte de productos agrícolas y el turismo, sectores esenciales para la región. La protesta también pone en evidencia la falta de comunicación efectiva entre las autoridades gubernamentales, la empresa constructora y las comunidades afectadas.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las demandas de los manifestantes.