Angie Peña, la joven desaparecida desde hace diez meses, supuestamente fue “seleccionada” desde un catálogo de mujeres y niñas perteneciente a una gran banda de trata de personas previo a sus rapto durante un paseo familiar en Roatán, Islas de la Bahia.

Según investigaciones, los delincuentes transnacionales rastrearon a Peña a través de sus redes sociales además, tenían “contactos” cercanos a la familia lo que les permitió el acercamiento hacia la joven.

El expediente cuenta con seguimiento de inteligencia a decenas de personas, incluyendo actores directos y nexos entre personas de interés relacionados al caso, ubicados en diferentes departamentos del país.

Se trata de amigos, novios, pretendientes de Angie, políticos, servidores públicos, empresarios extranjeros, nacionales, personas con antecedentes penales, criminales, policías, fiscales y jueces.

Los anteriores, son personas interesadas en mantener el caso cerrado y en secretividad. 

¿Qué se sabe de esta red de trata?

La enorme red de trata, pedofilia y explotación sexual comercial que opera desde hace años en Honduras, se ha afianzado con la protección de servidores públicos como: la Policía Nacional, Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

También hacen uso de sobornos para lograr favores en migración, puertos, aeropuertos, hoteles, bares, alcaldías.

¿Qué revela el catálogo?

El expediente investigativo del caso Angie Peña, incluye cientos de fotografías y videos que son parte del catálogo de explotación sexual de mujeres, adolescentes y niñas que son previamente seleccionadas desde las redes sociales como: Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter.

Posteriormente son contactadas, según sus lugares de residencia, siendo los Tegucigalpa, Danlí, San Pedro Sula, Choloma, Santa Bárbara, Copán, Olancho, Choluteca, Valle, Intibucá, los lugares con mayor incidencia.

Los “clientes” seleccionan a las víctimas según su estatus económico.