Partida de L 950 millones se debe reglamentar para evitar abusos, según Mena

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La diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, pidió ayer que se reglamente la partida de 950 millones de lempiras en el Presupuesto General de 2023, destinada para proyectos de infraestructura menores y de obras sociales gestionados parlamentarios.

La además vicepresidenta del Congreso Nacional hizo esta solicitud para evitar que sucedan los mismos actos de corrupción que ocurrieron con la fallecida Hilda Hernández, exministra asesora en comunicación del gobierno de extraditado expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

"Lo que puede suceder es lo que pasó con Hilda Hernández, fallecida en un accidente aéreo en 2020, que manejaba más de tres mil ONG por eso se vuelve importante que se reglamente esta partida y que diputados y diputadas no puedan administrar estos recursos", expresó Mena.

Pide derogar decreto sobre Fondo Departamental
Asimismo, la parlamentaria exigió a sus compañeros de Cámara Legislativa derogar el decreto 116-2019 porque limita a la Fiscalía hacer investigaciones de malversación de recursos.

Dicho decreto, que requiere de 86 votos para ser derogado, contiene la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.

Esta legislación ha sido cuestionado desde sus inicios por obliga al Ministerio Público realizar investigaciones de uso de fondos públicos siempre y cuando el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) determine indicios de responsabilidad penal por parte de los imputados.

"Hoy más que nunca con esta disposición es urgente que todos los diputados y diputadas del Congreso Nacional nos comprometamos a derogar el 116-2019 porque se podría prestar a un uso indebido de estos recursos", dijo Mena.

Además, la diputada del PSH lamentó que el decreto 116-2019 blinde de auditar los recursos que se utilizan en esta nueva partida presupuestaria.

"Hay una ley vigente que es el decreto 116-2019 que blinda para que se puedan auditar recursos ( como la partida de 950 millones de lempiras) que se utilizan a través de esta asignación presupuestaria", señaló Mena.

Polémico artículo 292
El artículo 292 del Presupuesto General 2023 autoriza una asignación presupuestaria de hasta 950 millones de lempiras para el desarrollo de infraestructura menor y obra sociales a petición y en beneficio de comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua, cajas rurales entre otros.

Además se podrán otorgar becas de estudio en diferentes niveles educativos y estas obras deberán desarrollarse a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos y el Instituto de Crédito Educativo.

También se le ordena a la Secretaría de Finanzas en ese mismo artículo que establezca cuál será la forma en que se va a regular a través del Sistema de Administración Financiera Integrada para que se puedan hacer estas operaciones y reportarlas.

Para las bancadas de oposición del Legislativo, cuya directiva controla el PSH y Libertad y Refundación, el artículo 292 es una versión del Fondo Departamental, una partida que ha sido usada para desarrollo de proyectos por diputados, pero criticada que millones de lempiras de la misma fueron malversados. Fuente: Tunota

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