Para ex comisionado de los DDHH: Honduras se juega la dignidad con próxima elección de CSJ

Para ex comisionado de los DDHH: Honduras se juega la dignidad con próxima elección de CSJ


A pesar de ese gran anhelo, el doctor Roberto Herrera Cáceres, ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), considera que las esperanzas de cambio son mínimas y que la población vive sintiéndose víctima de un proceso de agravamiento constante que lleva, frecuentemente, a preguntarse sobre si en realidad hay garantías de dignidad y bienestar para todos los hondureños y qué han hecho y continúan haciendo los gobiernos para que podamos disfrutar de ellas.

«El Estado constitucional de derecho es el marco de normas jurídicas, integrado por la Constitución de la República; tratados internacionales y principios, prácticas, declaraciones, derechos y garantías previstas constitucionalmente y las leyes compatibles. Normas que deben hacerse cumplir, sin excepción alguna y aplicarse con independencia, igualdad ante la ley, separación de poderes, transparencia y rendición de cuentas.

Es de suma importancia la efectividad cierta del Estado constitucional de derecho para el disfrute real de los derechos humanos de las personas y población y como marco obligatorio para la legitimidad y legalidad de las actuaciones y decisiones de los servidores del Gobierno Central (ejecutivo, legislativo, judicial y otra institucionalidad pública) y los gobiernos municipales, actuales y sucesivos.

En el presente mes de 2023, tendremos la oportunidad de fortalecer el Estado constitucional de derecho con mayor actividad judicial garantista de la Corte Suprema de Justicia, mediante la elección de abogados y abogadas que evidencien cumplimiento con sus obligaciones cívicas y aseguren el cumplimiento inexcusable e imperativo de nuestro Estado constitucional de derecho”.

“Siendo conscientes de su deber superior de respetar y proteger la dignidad de todo el pueblo, de quien emana la potestad de impartir justicia, actuando con integridad, independencia, imparcialidad y sin discriminación, al tomar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos y ciudadanas, tal como lo consignan nuestra Constitución, los Principios Básicos de la Independencia de la Judicatura y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial y otra normativa internacional y nacional complementaria”.

«Se habla frecuentemente de negociaciones y arreglos políticos para esa elección. Ello es factible, pero para que esas negociaciones sean lícitas deben hacerse sin abuso de poder y en el marco del respeto y aplicación de lo que permiten expresamente las normas fundamentales de Constitución de la República, teniendo presente que ningún acuerdo podrá lograrse lícitamente si se transgrede o viola dichas normas fundamentales que tienen como finalidad primordial el control y la limitación del Poder Político, para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas y población hondureña».

El incumplimiento de esas normas está previsto ser sancionado, conforme a la responsabilidad del Estado y de sus Servidores, al Código Penal; a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y a otras normas aplicables.

Consultado por el Estado Constitucional de derecho y presupuesto General de la República, manifestó que «el Estado constitucional de derecho regula expresamente al presupuesto como instrumento de gestión y control del desarrollo para la vida digna de la población y la efectividad de los derechos humanos de las personas, incluyendo prevención de los riesgos de los desastres, así como la mitigación de los efectos derivados de cambio climático.

La planificación del desarrollo sostenible integral está delineada en la Constitución de la República y planificada para su ejecución, en la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras; y en la articulación y vinculación de esa normativa con la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta última adoptada, en el 2015, por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas como plan de acción universal que garantiza asimismo la cooperación internacional de la ONU y de alianzas bilaterales, regionales y mundiales.

Este mes de enero en el Poder Legislativo, 128 diputados de varias «fuerzas» políticas deberán aprobar un nuevo presupuesto general de la República, para el ejercicio fiscal 2023, también los nuevos magistrados que deberán integrar la nueva Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, entre otras autoridades que Constitucionalmente deben fortalecer el Estado de Derecho y darles paz y seguridad jurídica a los hondureños.

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