Tegucigalpa. En un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional, se ha informado sobre el reforzamiento de medidas preventivas ante la amenaza de bloqueos en las principales carreteras del país.

 Según la institución, estas acciones buscan garantizar el orden público y la estabilidad social. Sin embargo, surge la pregunta ¿Realmente esta es la mejor respuesta, cuando estas acciones estaban bien en el pasado?

El comunicado subraya que la Policía tomará medidas para prevenir y neutralizar cualquier intento de obstrucción de las vías de comunicación esenciales, implementando registros fotográficos y audiovisuales para identificar a los responsables de estos actos.  Asimismo recalca a través del comunicado que la libertad de expresión no debe vulnerar el derecho a la libre circulación ni afectar el orden público.

El escrito también menciona que, en caso de identificar a personas involucradas en actos ilegales, se procederá con las órdenes de captura correspondientes ante las autoridades judiciales competentes, conforme a la legislación vigente.

Esta postura,   aparentemente puede percibirse como una medida de criminalización de la protesta social, lo que podría intensificar el malestar de los hondureños en lugar de resolver los problemas que originan estas manifestaciones.