Madrid, España | El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este jueves que «no es posible que existan sanciones deportivas» contra el Barcelona porque ya han prescrito las posibles infracciones por los supuestos pagos a exresponsable arbitral, que investiga la justicia.

«Tenemos que aclarar desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas», explicó Tebas en un vídeo difundido por los medios de LaLiga.

Tebas explicó que los hechos se produjeron en 2018 y años anteriores por lo que «del 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos».

«Otra cosa es la jurisdicción penal que ahora está la fiscalía investigando los hechos sucedidos y si puede existir un posible delito de corrupción entre particulares», añadió el presidente de LaLiga.

Tebas añadió que van a esperar al final de la investigación y si la fiscalía termina presentando una querella ante los tribunales «nos tendremos que personar como acusación particular y si no hay querella quedará archivado».

«Lo que sí es una conclusión es que tanto estética como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español», añadió el presidente de LaLiga, para el que «en el año 2018 y los años anteriores, las normas de ‘compliance’ que controlan los conflictos de intereses tanto del FC Barcelona como del Comité Técnico de Árbitros no funcionaron».

«Es evidente que con lo que se está viendo en los medios de comunicación, pues esos servicios no se debían haber prestado nunca, ni en los importes ni en los hechos que se han prestado», aseguró.

La Cadena Ser adelantó el miércoles que la fiscalía española investiga a la empresa de un exárbitro por un presunto delito de corrupción entre particulares.

La investigación se habría iniciado después de que la Hacienda española identificara irregularidades en las tributaciones realizadas entre 2016 y 2018 por la empresa Dasnil 95, propiedad de José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol de 1994 a 2018.

La compañía habría recibido, según la emisora, pagos por 1,4 millones de euros (1,5 millones de dólares) entre 2016 y 2018 por asesorar al club en cuestiones arbitrales.