Tegucigalpa. Las declaraciones del Fiscal General de la República, Johel Zelaya, sobre el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) han generado un intenso debate en la opinión pública. En su reciente intervención, Zelaya calificó al TSC como un “elefante blanco” que ha drenado recursos del pueblo hondureño y lo señaló como un instrumento utilizado en el pasado para “cuadrar las cuentas a los corruptos” y para la persecución política.

Sin embargo, el abogado Nelson Castañeda, Director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ha reaccionado señalando que el problema del TSC no radica únicamente en su funcionamiento interno, sino también en factores externos, en especial decisiones tomadas desde el Congreso Nacional.

“Definitivamente, la sociedad civil ha manifestado reiteradas veces su malestar con el TSC, pero hay que considerar que muchas de las trabas que hoy tiene esta institución se las ha impuesto el Congreso”, afirmó Castañeda.

El abogado recordó que diversas reformas aprobadas por el Congreso han otorgado al TSC facultades que han ralentizado los procesos de investigación de corrupción. Mencionó, por ejemplo, las reformas a la Ley del Fondo Departamental, que establecieron que el Ministerio Público (MP) no puede iniciar una investigación sin que antes el TSC haya realizado una auditoría e investigación especial.

“No ha sido el Tribunal el que ha pedido estas atribuciones, sino que el mismo Congreso Nacional se las ha dado. Muchas veces, el MP no puede actuar de inmediato porque la ley le exige esperar un informe del TSC antes de proceder”, explicó Castañeda.

Además, subrayó que el TSC es la institución encargada de recibir las declaraciones juradas del patrimonio de los funcionarios públicos, un elemento clave en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, criticó la ineficacia del Tribunal en detectar y denunciar irregularidades en estas declaraciones.

“Si el Tribunal Superior de Cuentas fuese eficiente y diera resultados, tendríamos otra imagen de esta institución y la situación de corrupción en el país sería diferente”, señaló.

Un sistema debilitado y cooptado

Castañeda lamentó que el TSC se haya convertido en una institución que no responde a su mandato original, lo que afecta gravemente la lucha contra la corrupción.

“Vemos instituciones que no están fortalecidas, que están cooptadas por la corrupción y lo que generan son estos malos resultados en la lucha anticorrupción”, expresó.

El abogado también destacó que, aunque el Fiscal General tiene razón en sus críticas al Tribunal, es importante señalar que el problema no solo es estructural, sino que ha sido agravado por reformas legislativas que han debilitado la capacidad del MP para actuar de forma inmediata.

“Hay actores del entorno del Tribunal Superior de Cuentas que han alimentado esta situación”, concluyó Castañeda.

Las declaraciones de Castañeda surgen en respuesta a las críticas del Fiscal General Johel Zelaya, quien recientemente denunció la remisión de casos de enriquecimiento ilícito nuevamente al TSC por parte de la Corte Suprema de Justicia. Zelaya calificó al TSC como una institución utilizada para proteger a los corruptos, mientras que Luis Javier Santos, jefe de la UFERCO, también cuestionó la competencia del Tribunal en estos casos.