MP: «Reformas a la Ley de lavado de activos es un “retroceso en el combate a la criminalidad”

El Ministerio Público emitió un pronunciamiento en relación a las reformas hechas al artículo 439 del Código Penal y calificó dicha acción ejecutada por el Congreso Nacional “como un retroceso en el combate a la criminalidad organizada específicamente el tráfico de droga, corrupción y lavado de activos”.

El informe del organismo reza que la adopción de un sistema de “numerus clausus”, es decir un listado en la determinación de los delitos precedentes en el tipo penal de lavados de activos, limitará el ejercicio de la acción penal publica debido a que el Ministerio Publico deberá acreditar que los bienes objetos del lavado provienen expresamente de algunos de los delitos señalados en esa lista, aunque la persona investigada no logre justificar el origen ilícito de los mismos.

Además la entidad exteriorizó preocupación en vista de que las barreras que las reformas mencionadas “buscan desnaturalizar el proceso acusatorio ya que a nuestro juicio supone volver el procedimiento inquisitivo al otorgarle al juzgador facultades de investigador, ello porque para la practica de diligencias investigativas por el delito de lavado de activos será necesario contar con la autorización judicial para que las

Instituciones financiera puedan brindar información a los fiscales del MP sobre la persona investigada. El delito de lavado de activos por su naturaleza y en las economías globalizadas donde los capitales se mueven o se transfieren con gran facilidad necesita de herramientas ágiles y oportunas para combatirlo de manera eficaz, razón por la cual, su abordaje requiere de un tratamiento especializado y diferente al que se sigue para la investigación de otros delitos”.

A renglón seguido en ente judicial expuso que de entrar en vigencia las reformas mencionadas “presentará los recursos respectivos, en el fiel cumplimiento al mandato constitucional y legal de representar, defender, y proteger los intereses generales de la sociedad; así mismo, garantizar y velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes”.

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