MP le quitan 210 propiedades a Fernando Urbina Soto y su familia

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Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP) continúa su lucha contra el crimen organizado y este miércoles anunció el aseguramiento de 210 bienes pertenecientes a Carlos Fernando Urbina Soto y su círculo familiar. La acción fue ejecutada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con el respaldo operativo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

De acuerdo con lo informado por el MP, las autoridades procedieron al aseguramiento de 175 bienes inmuebles y 35 vehículos, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Todos estos bienes serán entregados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para su gestión correspondiente.

La investigación surgió tras un allanamiento en la aldea Ayapa, ubicada en el municipio de Yoro, donde se intentó capturar a Carlos Fernando Urbina Soto, quien tiene una orden de captura con fines de extradición por su supuesta participación en el delito de tráfico de drogas.

Estos bienes fueron identificados por detectives de la DLCN, y posteriormente vinculados a la estructura criminal de Urbina Soto, quien presuntamente los adquirió como producto de actividades ilícitas”, detalló el Ministerio Público a través de un comunicado oficial.

Las autoridades también descubrieron que algunos bienes habrían sido traspasados a terceros mediante donaciones fraudulentas, una estrategia común utilizada por grupos criminales para ocultar el origen del patrimonio.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Ministerio Público en golpear las estructuras operativas y financieras de estos grupos del crimen organizado, además de reiterar el compromiso de continuar con esta lucha frontal”, concluyó el MP en su declaración.

El operativo no solo busca frenar el flujo económico de estas estructuras ilegales, sino también enviar un mensaje claro de que ningún miembro del crimen organizado —ni sus allegados— está fuera del radar de la justicia.