MP acusa a dos funcionarios por fraude electoral en municipios del oriente y centro del país 

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Redacción. El Ministerio Público de Honduras, por medio de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), presentó este viernes dos requerimientos fiscales por el delito de fraude electoral en los municipios de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, y San Antonio de Flores, El Paraíso.

Según un comunicado oficial emitido por la Fiscalía General, los casos están vinculados a la emisión irregular de constancias de vecindad.

Esa práctica ilegal habría permitido modificar de forma fraudulenta el domicilio electoral de varios ciudadanos, un hecho que busca incidir de manera directa en los resultados de las elecciones primarias previstas para marzo de 2025.

Las investigaciones revelan que los delitos responden a un mismo patrón: la manipulación de personas en situación de vulnerabilidad con fines políticos.

El primer requerimiento fue interpuesto contra Marelyn Mercedes Rodríguez Escalante, secretaria municipal de la Alcaldía de San Antonio de Oriente, acusada de emitir al menos diez constancias falsas entre julio y agosto de 2024.

Las personas beneficiadas con estos documentos provenían del municipio de Tatumbla, sin vínculo real con San Antonio de Oriente.

A Rodríguez Escalante se le imputan los delitos de falsificación de documentos públicos, violación a los deberes de los funcionarios y delitos electorales. De ser encontrada culpable, enfrentaría penas que podrían incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El segundo requerimiento fiscal fue presentado contra José Napoleón Cáceres Dormes, secretario municipal de San Antonio de Flores y precandidato a alcalde por un partido político no especificado.

Cáceres Dormes habría expedido constancias falsas con el objetivo de alterar la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RNP), con la intención de beneficiar su candidatura.

El Ministerio Público reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para garantizar la transparencia electoral y combatir los delitos que atentan contra la voluntad popular.