Ministerio Público presenta recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo social Departamental

CNgral dom15sep


Entre los motivos expuestos para interponer esta acción, el Ministerio Público dice que se provoca que los dineros de la Hacienda Pública se asignen sin determinar al funcionario responsable de los mismos, y sin establecer el proceso de contratación que se seguirá para ejecutar las obras públicas que tiene como objeto.

Expone que esto generará un proceso de gasto no regulado en el manejo de los fondos públicos; al no definir en el texto legal del decreto Legislativo 116-2019, a él o los funcionarios responsables de ejecutar los fondos estatales, los procesos de contratación regular, emergencia o condiciones de contratación con persona determinada, en los que se enmarca el gasto público pretendido, conforme manda el precepto fundamental establecido por el artículo 360 de la constitución de la República, contraviniendo de esta forma en la integralidad de su texto, lo prescrito por nuestra Constitución.

Por exceder el decreto legislativo No. 116-2019, en su artículo 16, los límites que el artículo 222 párrafo tercero de la Constitución, establece en cuanto al Tribunal Superior de Cuentas, para conocer exclusivamente sobre el delito de Enriquecimiento Ilícito; brindándole una facultad excesiva para intervenir en la calificación de otros tipos penales (al no señalar el decreto esta restricción expresa); lo que imposibilita al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios.

Por razones de forma, se acusa la inconstitucionalidad de los artículos 16 y 17 párrafos tercero y cuarto, del decreto legislativo 116-2019, por contravenir el contenido esencial del párrafo primero del artículo 219 de la Constitución de la república, al establecer condiciones objetivas de procedimiento y con ello determinar reglas a la persecución penal, que modifican lo establecido tanto por el Código Penal, como por el Código Procesal Penal, sin oír previamente la opinión de la Corte Suprema de Justicia.

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