Bajo la amenaza de sanciones económicas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México ha intensificado las detenciones de migrantes este año para frenar un aumento en los solicitantes de asilo de América Central.

Conocida como Las Agujas, la estación migratoria en Iztapalapa, en el oriente de la capital, albergaba a unos 108 menores esta semana, algunos de los cuales no están acompañados, dijo Jesús Quintana, encargado de monitorear la estación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En junio, un tribunal dictaminó que era inconstitucional que Las Agujas detuviera a los menores después de que una niña guatemalteca de 10 años muriera bajo su custodia. El Instituto Nacional de Migración (INM), que dirige el centro, no ha apelado la decisión, pero dijo a Reuters que cumple las leyes que protegen a los migrantes en “todos y cada uno de los casos”.

Las Agujas es parte de una red de centros que el gobierno ha prometido modernizar. La detención de menores ha aumentado las preocupaciones sobre el trato de los migrantes por parte del gobierno mexicano en su esfuerzo por reducir el flujo de personas hacia el norte.

“Lo que tienen son como instalaciones de cárceles”, dijo Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, uno de los cuatro grupos de defensa de inmigrantes que llevaron a Las Agujas a los tribunales después de que la niña guatemalteca muriera en mayo. “(Detener niños) es una práctica en contra de los derechos humanos e ilegal en México”.

El gobierno dijo que la niña, que estaba detenida con su madre, murió bajo custodia oficial después de caerse de una litera en el lugar, que tiene una capacidad de 464 personas.

El 10 de junio, un panel de jueces ordenó a Las Agujas que dejara de retener a los niños, citando las leyes de migración y los derechos de los infantes.

El 24 de julio, un tribunal administrativo dijo que el director de Las Agujas, Miguel Ángel Hernández, no había atendido la orden, haciendo referencia a cinco menores no acompañados de la India que permanecían en el centro.

Hernández le dijo al tribunal que había cumplido reubicando a 38 menores identificados por los grupos que presentaron el caso, según muestran documentos de la corte vistos por Reuters. El INM dijo el 27 de julio que “en ningún momento se incumplió con una orden judicial”.

En un comunicado, el INM dijo que priorizaba la unidad familiar y que los menores no acompañados solo se alojan en los centros “temporalmente”.

Información cortesía de Reuters.