Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), ha solicitado penas de cárcel que oscilan entre 1,260 y 1,273 años para 15 miembros de la pandilla 18, quienes fueron declaradas culpables del asesinato de 46 mujeres privadas de libertad en una reyerta ocurrida el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Las imputadas enfrentan graves cargos por su participación en una masacre que sacudió al país y que dejó un saldo de 46 muertes violentas. Entre las acusadas figuran Heidy Jackeline Palma Rivera, alias “La Suicida”, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, alias “La Pichingón”, y Francis Margarita Chavarría Ávila, entre otras, quienes fueron condenadas por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, asociación para delinquir e incendio cualificado.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, las penas solicitadas para las pandilleras varían en función de la gravedad de sus actos. La pena más alta, de 1,273 años de cárcel, se pide para María del Carmen Contreras Castillo, quien fue hallada culpable de los mismos delitos, sumados al porte ilegal de municiones de uso prohibido.
Las condenas solicitadas por la Fiscalía
El MP también solicitó penas de 1,265 años de prisión para otras tres involucradas en el crimen: Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, alias “La Tafi”; Kenia Patricia Salinas Rivera, alias “Flavia Marlene Tercero” y Karen Lorena Ávila Pavón, alias “La Flaca Ávila”. Estas pandilleras fueron declaradas culpables de asociación para delinquir, asesinato, tentativa de asesinato y porte ilegal de arma de fuego.
Por su parte, las pandilleras Claudia María Lemus Aceituno, alias “Saico”; Cherry Darling Guevara, alias “la Flaca Halloween” y Susana Godoy Leiva, alias “La Buller” también enfrentan penas solicitadas de hasta 1,268 años por los mismos delitos.
Proceso judicial y el caso pendiente de Arleny Sarahí Guerra Portillo
Además, el caso incluye a Arleny Sarahí Guerra Portillo, quien también enfrentará juicio. Se espera que el juicio oral y público se celebre entre el 26 y el 30 de mayo de 2025. Esta causa, al igual que las otras, subraya el esfuerzo continuo del Ministerio Público por garantizar justicia en casos de muertes violentas, además de evitar la impunidad.
La investigación y resolución de crímenes como este forman parte de los esfuerzos para erradicar la violencia en el país y garantizar que las víctimas no queden en el olvido.
