TEGUCIGALPA. Honduras tendría que pagar más de mil millones de lempiras por más de 500 demandas a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), informó el director de la entidad, Marcos Zelaya.

Esas demandas se han venido arrastrando desde el 2018, indicó el abogado Zelaya, quien informó que se han identificado una serie de irregularidades. Sobre esas inconsistencias trabajan con la con el Instituto de la Propiedad (IP) para ver si es posible llegar a un acuerdo.

EL funcionario durante su intervención en HRN detalló que esas circunstancian vendrían a generar más de 500 demandas contra el Estado por medio de la OABI.

No obstante, aseguró que se mantienen trabajando para evitar que el Estado sea demandado, “hemos estado trabajando fuertemente en solventar el marco legal”.

DEMANDAS 

Remarcó que esos 500 procesos legales representarían un impacto de mil millones de lempiras en perjuicio para Honduras.

Agregó que la cifra podría ser superior, pero se está evitando que el impacto sea mayor, “lamento que las demandas respondan a la ineficiencia de hacer las cosas incorrectas en administraciones anteriores.

MOTIVOS DE LAS DEMANDAS

El director de la OABI explicó que los procesos legales obedecen a la venta de bienes que no fueron registrados en el IP. Para el caso si se vende un vehículo, los compradores no puede realizar el traspaso, ni matricular ni circular con las placas, ejemplificó.

Explicó que ello conlleva un perjuicio para quien ostenta la titularidad del bien que compra.

En torno al proceder incorrecto de funcionarios judicial, informó que realizarán denuncias ante el MP, contra jueces del Juzgado de Letras de La Ceiba, en Atlántida, por ineficiencia en la aplicación de los procesos relacionados con los procedimientos que corresponden al ente incautador de bienes.

Enfatizó que no se puede dejar actuar a los jueces al margen de la ley, más aún cuando son personas que tienen un pleno conocimiento de la aplicación de la ley.

«No podemos permitir que continúen este tipo de acciones al margen de la ley. Hay actividades que sí se pueden hacer y hay unas que no se deben», argumentó a dichas denuncias.

«Los jueces son las personas que deben tener pleno conocimiento de cómo se aplica la ley, cuándo se aplica y dónde. En este caso en particular no lo están haciendo y es por eso que hemos elevado estas denuncias de forma pública», finalizó.