Tegucigalpa. El Observatorio de Derechos Humanos del CONADE ha documentado más de 700 denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos en el contexto del estado de excepción que ha estado vigente en Honduras desde el PCM 29-2022 hasta el PCM 36-2024, el cual estuvo en vigor hasta el 5 de enero de 2025.
Según Daniel Cáceres, representante del CONADE, las denuncias registradas desde la implementación de estas medidas incluyen allanamientos sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza durante detenciones, desaparición de objetos personales durante operativos, daños a la propiedad y malos tratos por parte de agentes del orden, incluyendo la Policía Nacional y la Dirección Policial de Antimaras y Pandillas.
Creciente violencia contra las mujeres
Otro dato alarmante expuesto por Cáceres es el aumento en la violencia contra las mujeres. Durante 2024, la organización contabilizó 372 denuncias de mujeres, quienes han reportado agresiones en distintos contextos.
Además, refirió que se han registrado más de 200 muertes violentas de mujeres durante el mismo año, lo que coincide con las cifras presentadas por la Secretaría de Seguridad (CEPOL). Este incremento en los casos de feminicidios y violencia de género refleja un problema estructural que sigue sin resolverse en el país.
¿Qué sigue tras una denuncia en el CONADE?
El procedimiento de atención del CONADE varía según la naturaleza de la denuncia, explicó.
Para el caso, si se trata de un funcionario público, el caso es atendido por la institución y se realizan las investigaciones correspondientes. Si el agresor es un particular, el CONADE canaliza la denuncia hacia el tribunal de violencia doméstica para su respectivo trámite.
En tanto, si la denuncia indica la posible comisión de un delito, se remite al Ministerio Público para que tome las acciones legales pertinentes.
En el caso de las muertes violentas de mujeres, el CONADE no tiene facultades para investigar los casos, ya que entran en el ámbito de competencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, con intervención de Medicina Forense.
El elevado número de denuncias en el marco del estado de excepción ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que han señalado la falta de transparencia en las intervenciones policiales y la posible vulneración de derechos fundamentales.
