Tegucigalpa. Un día antes de las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, el entonces alto funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, habría ordenado trasladar 50 vehículos del Estado a las Fuerzas Armadas para apoyar una misión paralela, lo que provocó un desequilibrio crítico en la distribución del material electoral, según reveló el excoordinador del proyecto de transporte del CNE, Joel Ramos García, durante su audiencia de descargo.

En Noticieros TN5, se dio lectura a parte del informe contenido en la Auditoría Forense sobre el Proceso de Entrega, Recolección, Custodia y Vigilancia de la Maleta Electoral y Kit Tecnológico en el Distrito Central, entregada recientemente por las consejeras del órgano electoral, de donde se desprende la revelación. El documento señala con claridad que esta decisión alteró drásticamente la planificación logística, obligando a una contratación de emergencia y afectando la puntualidad del proceso.

Joel Ramos, separado del CNE tras los incidentes logísticos del 9 de marzo, indicó que recibió instrucciones el sábado 8 para conseguir 50 vehículos estatales que debían estar disponibles a las 4:30 a.m. del día de las elecciones en el Campo de Parada Marte. Su misión sería verificar la instalación de los kits tecnológicos en los centros de votación, lo que, según la auditoría, dejó un vacío insalvable en la flota vehicular destinada al transporte de las maletas electorales.

El informe responsabiliza a Ramos por actuar de forma unilateral en la coordinación con las Fuerzas Armadas y la empresa adjudicada, Ingeniería Logística y Transporte, sin cumplir con lo establecido en el contrato. Se indica que el tipo de unidades de transporte fue modificado sin autorización, pasando de vehículos de carga a autobuses, lo que representó un incumplimiento grave de los requerimientos logísticos y contractuales.

Además, la auditoría detalla que no se entregó a tiempo el diseño de rutas, ya afectado por el retraso en la impresión y entrega de documentos por parte de la empresa contratada para ese fin.

Uno de los aspectos más delicados del informe es la acusación directa contra las Fuerzas Armadas, a quienes se señala como “obligado ineludible de evitar el resultado que se produjo”. El documento asegura que existió una negativa deliberada de cumplir órdenes por parte del personal militar, incluyendo instrucciones de detener la marcha de los vehículos y permanecer varados en puntos estratégicos del Distrito Central, obstaculizando aún más el proceso.

Incluso se reportó que conductores de transporte, sorprendidos por personal del CNE, intentaron mover los vehículos para evitar ser localizados, lo que fue interpretado como una acción coordinada para entorpecer el traslado de las maletas electorales.

La auditoría concluye que no hay justificación válida para el retraso, más allá de decisiones administrativas improvisadas y una alarmante obstrucción logística por parte de las Fuerzas Armadas, lo que pone en entredicho la transparencia y confiabilidad del proceso electoral en el municipio más poblado del país.