La presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, se pronunció este lunes sobre la reciente condena contra el Estado de Honduras por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación al “golpe” a este Poder del Estado que se dio en el año 2012 con la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Obando, a través de su cuenta en la red social «X», calificó la decisión de la Corte IDH como un precedente importante para la función judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Asimismo, la titular del Poder Judicial manifestó su plena voluntad y compromiso para el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado hondureño.

Ráquel Obando reiteró su compromiso de seguir adelante con la misión de administrar justicia de manera imparcial y eficiente, en beneficio de la sociedad hondureña y en cumplimiento de los compromisos internacionales.

“El Poder Judicial de Honduras, ante la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación a la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional en el año 2012, manifiesta su plena voluntad y compromiso para el cumplimiento de la misma, en lo que respecta a este Poder del Estado”, escribió Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Institucionalidad democrática. Seguimos adelante con nuestra misión de administrar justicia de manera imparcial y eficiente, en beneficio de la sociedad hondureña y en cumplimiento de nuestros compromisos internacionales”, ahondó.

En diciembre de 2012, los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira fueron separados de sus cargos por 97 diputados del Congreso Nacional. La CIDH determinó que dicha destitución fue arbitraria y violó los derechos humanos de los magistrados (¿y los que su pumpunean el pecho disque en defensa de la Constitución?).

La sentencia de la CIDH obliga al Estado de Honduras a reparar el daño causado a los magistrados destituidos, incluyendo la restitución de sus derechos políticos y la reincorporación a sus cargos o el pago de una indemnización.