El Congreso avanza hacia la aprobación final de la ley en memoria de una joven estudiante, con implicaciones para solicitantes de asilo y migrantes indocumentados.

Washington, D.C. – Ayer jueves, el Senado de Estados Unidos aprobó con amplia mayoría la denominada ley Laken Riley, una normativa que endurece las políticas migratorias y refuerza las medidas de deportación en el país. La ley, impulsada por legisladores republicanos y respaldada por más de 20 senadores demócratas, busca limitar las solicitudes de asilo y agilizar las deportaciones de personas en situación irregular.

El proyecto de ley, que lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en un caso que involucró a un ciudadano venezolano, establece nuevos parámetros para identificar y deportar a migrantes indocumentados. La normativa fue aprobada en la Cámara Baja y ahora solo resta la firma del presidente Donald Trump, quien asumirá su segundo mandato el 20 de enero próximo.

Cambios en las solicitudes de asilo y deportaciones

Uno de los aspectos más relevantes de la ley Laken Riley es la eliminación de las entrevistas creíbles como requisito para solicitar asilo. En su lugar, los oficiales de migración tendrán mayor discrecionalidad para evaluar cada caso. Según el Dr. José Tercero, analista legal consultado por Radio América, esta medida busca prevenir el uso indebido del sistema de asilo por parte de ciertas nacionalidades.

“La ley se centra en reforzar la autoridad de los oficiales migratorios y acelerar la identificación de personas en situación irregular, especialmente si están detenidas por delitos menores como hurto o allanamiento”, explicó Tercero.

Asimismo, la normativa introduce un procedimiento denominado «express preemption», el cual asegura que las leyes migratorias federales prevalezcan sobre las estatales, eliminando posibles contradicciones legales.

Reacciones divididas y preocupaciones legales

La aprobación de la ley ha generado un intenso debate entre defensores de derechos humanos y organizaciones promigrantes, quienes critican la falta de garantías para los detenidos. Activistas han señalado que la norma podría vulnerar el debido proceso y los derechos de defensa de los migrantes, al permitir deportaciones inmediatas basadas únicamente en la falta de documentación.

Sin embargo, el Dr. Tercero aclara que las deportaciones no se fundamentan en delitos penales, sino en la condición migratoria de las personas. “El sistema diferenciará entre detenciones penales y migratorias, siendo esta última la que justifica las deportaciones”, enfatizó.

Próximos pasos y entrada en vigencia

El Senado certificó la ley con más de 60 votos a favor, superando el umbral requerido para evitar un bloqueo legislativo. Se espera que el proyecto sea presentado a Donald Trump inmediatamente después de su toma de posesión, lo que marcaría su entrada en vigencia a partir de ese momento.

Con esta medida, la administración republicana refuerza su compromiso con la seguridad fronteriza y el control migratorio, alineándose con las promesas de campaña del presidente electo.