La triangulación de las escuchas telefónicas y el ‘cuadrangular’ que se lleva la cerca de la ilegalidad

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Una persona que tiene amplio conocimiento del tema es el general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, por ello fue consultado por el periodista Carlos Martínez para el programa “En La Mira”, que se transmite por Canal6.

Maldonado Galeas expuso que entre los enfoques con los que el tema debe ser abordado es respondiendo las siguientes interrogantes: ¿quién lo faculta?, ¿con qué objetivo? ¿cuál es la utilidad que se le debe dar?

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Dijo que el primer concepto que debe prevalecer es el de la seguridad nacional del Estado. “El segundo concepto es lo que manda la Constitución, el derecho a la privacidad y el derecho al honor. Y el tercero, cuáles son las instituciones del Estado que estarían facultadas para poder llevar a cabo este tipo de operaciones”.

Con este marco, es preciso considerar cuáles son las amenazas para las que el Estado debe estar preparado para contrarrestarlas. “Aparte de lo que es el crimen organizado, la narcoactividad, el terrorismo incluso y todas competencias han adquirido tecnológicamente una forma de prevención para la seguridad del Estado”.

“No solo se trata de contribuir a llevar a cabo un proceso de judialización y encontrar pruebas respecto a un crimen cometido, se trata más bien de una acción preventiva del Estado para garantizar su propia seguridad”, expuso Maldonado Galeas.

Aquí también entran en la ecuación los ciberataques. “Las formas avanzadas de tecnología que penetran los sistemas de comunicación y si en algún momento el Estado se descuida y llegan a tener mayores competencias que el mismo Estado, cuanta más razón hay para poder usar este tipo de sistemas”, justificó.

Eso si los aparatos para las escuchas telefónicas son adquiridos y utilizados por el Estado, pero ¿qué si no están solo en manos del Estado, sino que también las tienen bandas delincuenciales, el crimen organizado, o determinados grupos sociales, será posible eso?

Galeas parte de la premisa que un sistema de este tipo de tecnología puede ser usado para el espionaje y dado que los mercados entre naciones no son cerrados, entonces pueden ser adquiridos y usados en espionaje político, económico, ser usados por corporaciones.

“Y a esto es a lo que se le teme, en asuntos particulares como el terrorismo internacional, narco actividad, puesto con un panorama como estos, sí cabe eso de la utilización desde una aplicación comercial, pero con fines que afectan la segruidad del Estado”, afirmó.

Honduras cuenta con una normativa legal para las escuchas telefónicas desde el año 2010, sin embargo, su uso ilegal por parte del propios Estado, se remonta a distintos gobiernos atrás.

“Sí, han estado desde antes, han sido parte de los sistemas. Lo que sucede y, esto es bueno que lo comprenda la sociedad, en realidad, los Estados necesitan tener en reserva decisiones, sistemas que se adquieren y no precisamente éstos deben ser de conocimiento público, excepto en aquello que tiene que ver con la divulgación de información respecto a la aplicación presupuestaria para la adquisición de esta tecnología”.

“Pero no se debe justificar por razones de seguridad nacional este tipo de situaciones; en ese sentido, desde hace 4 – 5 décadas Honduras dispone de estos dispositivos, siempre en el marco de la seguridad del Estado”.

Desafortunadamente para la credibilidad y confianza en su aplicación desde el Estado diversas acciones que lograron escapar a la barrera de la secretividad no resultaron de agradable digestión por parte de la ciudadanía.

“Desde luego había algunas prácticas elementales en los sistemas de comunicación del Estado y también algunas asesorías que se dan desde otros países, empezaron a introducir estos componentes de escuchas para contribuir al control de todas las formas de amenazas para la seguridad interior del Estado”, reconoció.

Es así como los gobiernos los fueron aceptando, es decir, procedieron a su aplicación al grado en que se convirtió en un secreto a voces, pues como dijimos, en ese tiempo todavía no se gozaba de una legislación jurídica al respecto.

“Hay algo que se maneja peyorativamente y es que se cree que las Fuerzas Armadas son las únicas que utilizan esto. En realidad, los sistemas de inteligencia van avanzando y en algún momento las Fuerzas Armadas fueron la institución que tenía la preminencia en la aplicación de estos recursos técnicos”.

“No obstante con la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, esto tomó otro giro y eso debe saberlo la población, para que no señale a instituciones en particular, sino que, más bien, debemos aceptar que el Estado debe de crear el mecanismo adecuado para su protección y si eso está dentro de una determinada entidad para protegerse y tiene una justificación, que es la seguridad del Estado debemos valorarla y aceptarla como tal”, recalcó.

En cuanto a los señalamientos que recaen sobre el anterior gobierno en el sentido que al haber centralizado hacia el Ejecutivo el control del poder del Estado, lo utilizó para un propósito de beneficio personal, o de una entidad política en particular y no precisamente para los intereses del estado, eso es algo que debe ser investigado, apuntó el general en retiro.

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