Tegucigalpa. Una nueva polémica estalla en el entorno político hondureño tras una publicación de la jurista hondureña, Marcela Caro y el recordatorio del empresario Isaías Zelaya, quienes aseguran que un informe de inteligencia estadounidense del año 2006, hoy en manos de fiscales en EE.UU., vincula al actual secretario privado presidencial, Héctor Zelaya, con el narcotráfico, junto a capos internacionales como Joaquín «el Chapo» Guzmán. Según la denuncia, el documento confirmaría la presencia de Héctor Zelaya, Carlon y el propio “Chapo” a bordo de un avión que transportaba 150 millones de dólares, fondos que habrían terminado en manos del entonces presidente Manuel Zelaya.
La acusación surge en paralelo a lo revelado por el Informe 2025 del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, el cual dedica un apartado especial a Honduras y describe un preocupante patrón de corrupción sistemática, impunidad y vínculos con el narcotráfico dentro de las altas esferas del poder.
«Lo importante es que este informe está en manos de fiscales en EE.UU., no en manos de Johel Zelaya», escribió Isaías Zelaya, sugiriendo que las pruebas no han sido manipuladas por operadores afines al oficialismo.
En el informe oficial, el Departamento de Estado no sólo confirma la persistencia del narcotráfico en el país, sino que apunta directamente al círculo íntimo del poder. Señala que el hermano del expresidente Mel Zelaya, Carlos Zelaya, fue captado en 2024 en un video —difundido por una ONG estadounidense— reuniéndose con conocidos narcotraficantes durante la campaña presidencial de 2013 de Xiomara Castro. La mención directa del apellido Zelaya en este contexto oficial internacional refuerza la gravedad de las acusaciones lanzadas en redes.
Además, el informe denuncia que, tras la aprobación de una ley de amnistía promovida por el gobierno de Castro, varios exfuncionarios del mandato de Mel Zelaya —incluido su círculo familiar y político— recibieron protección legal, impidiendo procesos judiciales por corrupción y debilitando la capacidad institucional del Estado hondureño para enfrentar al crimen organizado.
«Muy pocos altos funcionarios enfrentaron procesos penales o civiles por corrupción relacionada con las drogas», sentencia el documento.
El informe también destaca la incautación de 97 kg de fentanilo de grado médico en Puerto Cortés y menciona fallas en la vigilancia aérea y recursos limitados para detectar drogas sintéticas, lo que sugiere una debilidad estructural deliberada en los mecanismos de interdicción.
Mientras el gobierno mantiene silencio, los señalamientos crecen. Lo que en 2006 fue un secreto, en 2025 parece estar alcanzando el umbral del escándalo internacional. “Hagan lo que hagan, la serpiente que los picó en 2006 volvió a picarlos en 2025”, advirtió Isaías Zelaya, dejando abierta una posible tormenta política que podría sacudir los cimientos del actual oficialismo.
