Afirma que vehículos fueron entregados sin constancia y el Estado enfrenta posibles demandas millonarias.

Tegucigalpa. El exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge González, habló sobre irregularidades en la entrega de vehículos y otros bienes durante administraciones anteriores, en una entrevista reciente. Según González, en el período del expresidente Juan Orlando Hernández, diversos bienes fueron asignados a diputados y otras personas sin registros adecuados, lo que ha dificultado el seguimiento y recuperación.

González detalló que, durante su gestión, se encontró con una falta de constancia en las entregas realizadas previamente. “Lamentablemente, la mayor parte de ellos no tenían constancia de entrega, por lo tanto, el seguimiento posterior fue imposible”, explicó.

En cuanto a su administración, González admitió haber autorizado el préstamo de un vehículo a un diputado identificado como «Chele Castro», quien en ese momento pertenecía a la bancada del Partido Libertad y Refundación, pero luego se trasladó al Partido Liberal. Subrayó que el vehículo fue entregado en calidad de préstamo y no a título personal. “Supongo que de repente ya lo devolvió o la oficina hizo el requerimiento respectivo para su devolución”, señaló.

Posibles demandas millonarias contra el Estado

El actual director de la OABI, Marco Zelaya, ha advertido sobre demandas millonarias que el Estado podría enfrentar debido a bienes desaparecidos o vendidos por debajo de su valor de mercado. Jorge González coincidió con estas declaraciones y reconoció que bienes como vehículos, casas y otros activos fueron enajenados a precios muy por debajo de los estipulados en el mercado.

“Definitivamente, las demandas van a darse. El Estado se verá profundamente comprometido con diferentes bienes que desaparecieron o fueron enajenados a valores fuera del mercado”, afirmó González.

Corrupción en la OABI

El exdirector también abordó la percepción de corrupción dentro de la institución. “La oficina fue un antro de corrupción”, admitió, aunque aseguró no tener temor respecto a las decisiones administrativas tomadas durante su gestión. Subrayó que siempre actuó sin medidas extremas de seguridad y de manera transparente.

El caso de la OABI refleja un desafío continuo para el Estado en la administración de bienes incautados y la prevención de irregularidades que podrían costar millones al país.