El Ministerio Público profundizó el 23 de abril su ofensiva contra Koriun Inversiones al ejecutar allanamientos simultáneos en siete departamentos con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Tegucigalpa. La maraña de cifras y declaraciones en torno al presunto esquema piramidal de Koriun Inversiones dejó anoche una pregunta sin respuesta clara: ¿son tres o seis las cuentas congeladas y quién controla realmente el dinero? Mientras la empresa jura que son seis, el Ministerio Público (MP) solo reconoce tres; la banca, por su parte, se aferra a los montos divulgados por la Fiscalía. En medio de esa disputa, más de 35 mil inversionistas continúan sin un centavo y sin saber a quién exigirle.
Un solo comunicado, varias grietas
La noche del jueves, la AHIBA divulgó un pronunciamiento para dejar claro que el sistema bancario “no enfrenta ningún problema operativo” y que los bancos no son responsables de devolver los fondos incautados. Según el documento, el MP aseguró 69,1 millones de lempiras en cuentas bancarias de Koriun y 358,7 millones en efectivo durante allanamientos. Ese dinero, recalca la gremial, permanecerá bajo control exclusivo de la Fiscalía hasta nueva orden judicial. Con la misma facilidad con que se deslinda del reembolso, la AHIBA recuerda que la Ley del Sistema Financiero impide a las entidades mover los fondos sin autorización expresa.
Cabe resaltar, que un expediente del Juzgado de Privación de Dominio en poder de Noticias 24/7 coincide con las datos revelados por la banca y detalla únicamente tres cuentas (2020171469, 2020334671 y 2020130643) con un saldo que no se refleja, pero se estima en un monto superior a los 63 millones de lempiras, bloqueadas el 22 de abril por sospechas de lavado de activos.
Pero Iván Abad Velásquez cuenta una historia diferente que mantiene en el limbo a los inversionistas, representante legal de Koriun, sostiene otra versión. Ante inversionistas congregados en Choloma, aseguró que son seis las cuentas congeladas y que “con una sola cuenta” bastaría para pagar a todos. Acto seguido culpó a los bancos de paralizar cualquier desembolso: “Todos dependen de los bancos ahora… ya no depende de nosotros”, dijo, y reconoció que honrar las deudas “lo perjudicaría” a él y a varias personas. El cruce de cifras se complica aún más con un reportaje de prensa que confirma los 69 millones congelados, pero distribuidos —precisamente— en seis cuentas, coincidiendo parcialmente con la postura de Velásquez sin alterar el monto oficial.
#NOTICIAS247HN | #VIDEO #Koriun 📍 Iván Velásquez, de #KoriunInversiones, dijo que hay dinero para pagar a todos los inversionistas… pero no lo devolverá porque eso “lo perjudicaría”. ¿Y los socios? Siguen esperando respuestas. #Koriun #Honduras #EstafaFinanciera
Pulsa el Link y… pic.twitter.com/l6Uav1NweM— Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) May 1, 2025
Consecuencias inmediatas para los inversionistas
El desorden informativo ha agitado las calles. En Choloma y Copán, centenares de afectados marcharon con pancartas que exigen “¡Liberen las seis cuentas!”. Muchos vendieron bienes o contrajeron préstamos para sumarse a la promesa de un rendimiento del 5 % semanal; hoy enfrentan cuotas bancarias sin la rentabilidad prometida. La Fiscalía recuerda que Koriun operaba sin licencia y captó al menos 428 millones de lempiras de unas 35 000 personas, replicando un esquema Ponzi clásico: se pagaba a los primeros con el dinero de los últimos hasta que el flujo colapsó.
El laberinto legal y lo que puede ocurrir
Para la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el caso está lejos de resolverse. Si el MP demuestra que los fondos tienen origen ilícito, se activará un proceso de extinción de dominio que podría durar años y convertir cualquier recuperación en una quimera. Si, por el contrario, los depósitos acreditan su trazabilidad, los jueces podrían autorizar devoluciones fraccionadas bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y de los propios bancos; eso, en el mejor escenario, implicaría meses de espera y, muy probablemente, la renuncia a los intereses prometidos.
Mientras la banca se limita a custodiar el dinero, la Fiscalía mantiene la investigación bajo reserva y Koriun insiste en que no puede —o no quiere— pagar, los inversionistas continúan atrapados entre versiones contradictorias. Sin un árbitro que aclare cuántas cuentas existen realmente y quién debe girar los fondos, la chibola de la responsabilidad seguirá rodando, con el riesgo de estallar en manos de quienes pusieron su fe —y su dinero— en una promesa de ganancias que hoy parece haber sido siempre demasiado buena para ser cierta.
Antecedente
El Ministerio Público profundizó el 23 de abril su ofensiva contra Koriun Inversiones al ejecutar allanamientos simultáneos en siete departamentos con apoyo de la ATIC, la Dirección C-2, la Policía Militar y la Policía Nacional. Las diligencias terminaron con el decomiso de L 358.7 millones en efectivo y el bloqueo de L 69.1 millones en cuentas bancarias; además se aseguraron inmuebles, una flota de vehículos de alta gama y otros bienes ligados a los directivos en San Pedro Sula y Choloma. Solo en la casa del representante legal, Iván Abad Velásquez, los agentes hallaron fajos que superaban los 125 millones de lempiras.
Las bolsas de dinero aparecieron también en las sucursales de Choloma, Juticalpa, Santa Bárbara y Choluteca, cada una con montos superiores a 50 millones, mientras que las oficinas de La Entrada (Copán) y Danlí (El Paraíso) guardaban sumas menores. Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la CNBS, la firma nunca tuvo licencia ni contabilidad formal, pero captó a unos 35 000 ahorrantes prometiendo un retorno del 5 % semanal a través de campañas en TikTok. Las pesquisas indican que la empresa preparaba su cierre y posibles rutas de fuga cuando fue intervenida.
Ahora la FESCCO trabaja en la extinción de dominio y en la trazabilidad de los fondos, paso indispensable para que el dinero incautado pueda ser devuelto—al menos en parte—a los afectados. Expertos advierten, sin embargo, que el proceso legal podría prolongarse varios años, mientras la CNBS insiste en que la ciudadanía verifique la legalidad de cualquier oferta de inversión con rendimientos extraordinarios.