Tegucigalpa. La corrupción continúa carcomiendo las estructuras institucionales de Honduras, generando un daño económico estimado en más de 75 mil millones de lempiras al año, lo que equivale al 10 % del Producto Interno Bruto (PIB). Así lo denunció la economista Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), durante una entrevista en HRN, donde calificó esta problemática como un “mal endémico”.
“Estas prácticas se han convertido en un mal endémico en Honduras. Quisiéramos que estas acciones, donde se pierden cuantiosas cantidades de dinero, desaparecieran, pero tristemente no es así”, manifestó Castillo.
La experta advirtió que sin un cambio firme en la voluntad política de quienes gobiernan, el país no podrá superar la parálisis en su desarrollo económico y social. “Se necesita que lleguen personas con la voluntad política de erradicar este mal, que únicamente reduce el presupuesto general y limita el desarrollo del país”, agregó.
Nuevos escándalos en el sistema sanitario
Las declaraciones de la economista se dan en medio del nuevo requerimiento fiscal presentado el pasado 2 de mayo por la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción, en el cual se denuncia un caso que afecta directamente al sistema sanitario hondureño. El perjuicio económico supera los 77 millones de lempiras, según informó el Ministerio Público (MP).
De acuerdo con información divulgada por HRN, el caso involucra a varios exdirectores y personal administrativo de hospitales y centros de salud, principalmente en la zona sur del país, quienes habrían cometido múltiples delitos de fraude. Como parte del proceso judicial, ya se han emitido órdenes de captura tanto a nivel nacional como internacional contra los acusados.
El fiscal general, Johel Zelaya, reveló que se están investigando actos de corrupción en el área de la salud pública que “estremecerán al país”. Según afirmó, estos hechos no solo representan un impacto financiero, sino que también ponen en riesgo la vida de miles de hondureños que dependen de los servicios médicos del Estado.
“Estamos investigando un caso que va más allá de cifras; este nivel de corrupción afecta el derecho humano a la salud y refleja la irresponsabilidad de quienes han dirigido recursos vitales hacia intereses personales”, expresó el fiscal.
Sin castigo efectivo
A pesar de los reiterados escándalos y los millonarios montos perdidos, los procesos judiciales contra los responsables rara vez culminan en condenas. La impunidad sigue siendo una constante que alimenta la corrupción en todos los niveles del aparato estatal.
Diversas organizaciones de sociedad civil han denunciado que el sistema judicial actúa con lentitud y que, en muchas ocasiones, los acusados logran evadir la justicia por medio de influencias políticas o vacíos legales.
Mientras tanto, la población sigue cargando con las consecuencias: hospitales sin medicamentos, escuelas en ruinas, calles deterioradas y servicios públicos colapsados, todo producto del saqueo constante de fondos públicos.
